La banca española confía en que el recargo de capital impuesto por el Banco Central Europeo (BCE) para el próximo ejercicio, que alcanzará de media un 25% sobre el Common Equity Tier 1 (CET1) ‘phased in’, tenga un positivo efecto colateral: poder salvar los 40.800 millones en capital de máxima calidad que tienen apuntados las entidades a través de los activos fiscales diferidos. Una voluminosa factura de solvencia que se encuentra bajo la investigación de Bruselas, abierta en abril pasado, para determinar si se trata de ayudas ilegales de Estado.
Varios banqueros que ya han pasado por los despachos de Francfort en las últimas semanas coinciden en que han percibido de los responsables del BCE una buena predisposición para que la investigación quede resuelta sin causar ningún perjuicio al sistema financiero español. “El capital extra que se pide a los bancos españoles para 2016 es superior al del resto de entidades europeas. Una forma de compensar el cierre del asunto de los DTA”, confirman un par de directivos que, sin embargo, niegan que el BCE les haya transmitido directamente el devenir de la investigación.
La institución que preside Draghi nunca apoyó la medida adoptada desde Bruselas, según confirman tanto fuentes del sector como comunitarias. Incluso, el BCE se encuentra molesto porque la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, esté cuestionando el asunto de los activos fiscales diferidos.
Varios banqueros que ya han pasado por los despachos de Francfort coinciden en que han percibido del BCE una buena predisposición para que el asunto se resuelva sin causar perjuicio
El supervisor europeo considera que esta investigación puede alterar la marcha de la recién iniciada supervisión bancaria única al considerar que Bruselas puede poner en tela de juicio la validez de los test de estrés realizados por el BCE y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) en octubre pasado. "En Francfort están molestos porque nadie alzó la voz cuando se realizaron las pruebas en las que se tuvieron en cuenta estos DTA para calcular la solvencia de las entidades", explica una fuente conocedoras de las intenciones del BCE.
Economía negocia el asunto con el máximo sigilo con la Comisaría de Competencia de Bruselas. De hecho, desde el ministerio que dirige Luis de Guindos se ha instado a las entidades a que no se manifiesten sobre esta investigación en curso. Economía informa puntualmente al sector sobre la evolución del asunto desde que se anunciase esta medida, a principios de abril pasado.
No en vano, el Gobierno realizó por esas fechas una ronda con el sector para transmitir un mensaje claro de que la medida que se encuentra en estudio sólo afecta al ámbito de la competencia entre países y no de la solvencia de las entidades de crédito. Por este motivo, el propio ministro de Economía Luis de Guindos ha transmitido a las entidades que no sufrirán una reducción de solvencia, porque seguirán contabilizándose los DTA capitalizados a finales de 2013 y, por tanto, no serán necesarias ningún tipo de ampliaciones de capital.
Algunas de estas conversaciones entre Guindos y el sector, según confirman fuentes bancarias, se produjo incluso antes de que se conociese, por una información del Financial Times, que la Dirección General de Competencia está solicitando información a los gobiernos de España, Portugal, Italia y Grecia sobre los avales que ofrecieron a sus respectivos sectores financieros para que pudieran contabilizar como capital una bolsa de activos fiscales diferidos por valor de 80.000 millones. La banca española se apuntó la mitad de esta cifra, 40.800 millones.
La iniciativa de Bruselas sobre los DTA fue uno de los temas de conversación de los ejecutivos españoles con sus homónimos europeos en la conferencia bancaria de Morgan Stanley que se celebraron en Londres, a finales del pasado marzo. De hecho, las consultas entre el sector y Economía se iniciaron entonces.
Algunas fuentes que participaron en ese foro sostienen que si la Unión Europea considera ilegales el asunto de los activos fiscales, la medida tendría un primer efecto sobre las cuentas públicas al tenerse que apuntar como déficit en las cuentas de 2013 los 40.800 millones avalados por el Estado. Estos avales sólo se activarían en caso de que una entidad entrase en liquidación o sufriese pérdidas. Estas mismas fuentes sostienen que no habría impacto alguno para las entidades.
