El Banco Central Europeo (BCE) se suma al Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España (BdE) y recomienda a los países una política fiscal "selectiva" y "focalizada" para "evitar agravar las presiones inflacionistas a medio plazo y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad fiscal en ese mismo horizonte". El aviso llega unos días antes de que el Gobierno presente su plan 'anticrisis' en el Consejo de Ministros extraordinario que celebrará este sábado, en el que, de momento, ya ha avanzado que aprobará una rebaja adicional del IVA de la luz hasta el 5%, una ayuda generalizada para todos los consumidores.

El BCE recuerda que las reglas de déficit y deuda seguirán suspendidas también en 2023, permitiendo "adaptar las políticas fiscales a la evolución de las circunstancias si fuera necesario". En este sentido, "dado que los desequilibrios presupuestarios continúan por encima de sus niveles prepandémicos y la inflación se mantiene excepcionalmente alta, la política fiscal ha de ser cada vez más selectiva y focalizada para evitar agravar las presiones inflacionistas a medio plazo y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad fiscal en ese mismo horizonte", señala en el boletín económico publicado este jueves.

No es el primer organismo económico que hace esta recomendación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha recomendado a los países evitar medidas para toda la población, como podría ser la subvención a los carburantes de 20 céntimos/litro, y focalizar las ayudas en los colectivos más vulnerables. Tampoco está de acuerdo con las bajadas de impuestos generalizadas, como las que llevó a cabo el Gobierno ya hace un año para abaratar la factura de la luz y que ahora se refuerzan con una reducción 'extra' en el IVA.

El BdE y la OCDE también han pedido medidas "focalizadas"

Ya a finales de marzo, cuando la situación económica y financiera de los hogares y las empresas se agravó por el impacto de la guerra en Ucrania y el Gobierno anunció un plan de choque (que incluyó como medidas 'estrella' la bonificación de los carburantes), el Banco de España (BdE) rechazó las ayudas generalizadas, defendiendo que las respuestas deben ser "granulares y focalizadas en los hogares, empresas y sectores más vulnerables". Recientemente, ha constatado en un informe que la citada subvención a la gasolina favorece a los hogares de mayor renta. 

Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también actualizó sus previsiones económicas a principios de junio y, en el informe de España, ya destacaba que el plan para hacer frente a la crisis energética debía "estar bien focalizado y ser temporal". Asimismo, ponía el foco, como en informes previos, en que la indexación de las pensiones al IPC aumentará los ingresos de los hogares, pero también el gasto público, advirtiendo de que la reforma deberá combinarse con otras medidas para que sea sostenible a largo plazo.

Economistas y expertos consultados por Vozpópuli también defienden medidas más focalizadas, como el cheque de 300 euros que baraja el Gobierno para los más afectados por la inflación, el bono social eléctrico que ya está en marcha y que realiza descuentos también a los más vulnerables, reforzar el Ingreso Mínimo Vital o rebajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de forma temporal y por tramos para beneficiar a las rentas más bajas.

Un plan fiscal a medio plazo

A esta oleada de recomendaciones se suma ahora el BCE, después de la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno en la que avanzó la subida de tipos en julio para atajar el problema de la inflación. España ya figura entre los 20 países de la OCDE y el G-20 que acabarán el año con una inflación media mayor, escalando cinco puestos en el 'ranking' respecto a la anterior previsión realizada en diciembre de 2021. En concreto, el organismo espera que la inflación media del año en España se sitúe en el 8,1%, una de las proyecciones más altas realizadas hasta ahora.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado ya de que la inflación deteriora el saldo fiscal por la vía de los gastos (salarios públicos y pensiones, medidas adicionales o la prórroga de las existentes, etc.) por lo que el déficit podría aumentar entre 2 y 6 décimas. En este sentido, ha mostrado su preocupación por la ausencia de una estrategia fiscal a medio plazo, pues hay un margen "ficticio" en el gasto basado únicamente en la inflación y el crecimiento económico y los niveles de déficit y deuda dejan a España en una situación "vulnerable" ante un endurecimiento de la política monetaria.

En el Paquete de Primavera del Semestre Europeo publicado a finales de mayo, la propia Comisión Europea (CE) también apeló a una política fiscal "prudente" para controlar el crecimiento del gasto corriente primario, con medidas "temporales" y "específicas". En el caso concreto de España, advertía también de que la reforma de las pensiones elevará otros 11.000 millones el déficit. También advirtió de que las medidas energéticas podían ser insuficientes para controlar la inflación, tal y como publicó este periódico.

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