La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) de que comparezcan como investigados CNMV y Banco de España en el caso que se sigue sobre la salida a bolsa de Bankia, por considerar su petición inútil e infundada. En un auto publicado este viernes, el titular del juzgado de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, destaca que si se aceptan los argumentos de CIC tendrían que haber cometido delitos "todos los funcionarios del Banco de España y de la CNMV", de forma consciente y voluntaria.
De este modo, rechaza que declaren como investigados Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012 y máximo responsable de la creación del SIP, y Fernando Restoy, exvicepresidente de la CNMV y consejero nato del Banco de España durante el proceso de constitución y salida a Bolsa.
Tampoco tendrán que declarar Javier Aríztegui, director general de Supervisión del Banco de España entre 2006 y 2009, Jerónimo Martínez Tello, que sustituyó a Aríztegui en Supervisión a partir de 2009, y José Antonio Casaus Lara, inspector del Banco de España que firmó el informe de inspección a Caja Madrid de 3 de diciembre de 2010.
El pasado 8 de junio, la CIC, que ha confirmado a Efe que recurrirá esta decisión, solicitó la comparecencia de todos ellos alegando que los organismos supervisores "conocían perfectamente la verdadera situación de la entidad desde el mismo momento de la creación del Grupo BFA-Bankia".
No hubo "plan delictivo"
En su escrito, Andreu considera que no existen elementos en la causa que permitan afirmar que los funcionarios del Banco de España y de la CNMV hubieran acordado "un plan delictivo" en el que hubieran intervenido todos los funcionarios de ambas instituciones, mediante el cual habrían hecho desde sus cargos públicos una calculada inacción institucional, algo "inverosímil". Esto "resulta incompatible con la intervención que el Banco de España y la CNMV han tenido de cara a la corrección de diversas malas prácticas en su momento declaradas", señala el juez.
Además, Andreu reprocha a la parte acusadora que ha enfocado de forma "inadecuada" el proceso, en el que la CIC está representada por Andrés Herzog, antiguo líder de UPyD. En su opinión, la acusación no puede arrogarse "la exigencia de responsabilidad de todo orden, como remedio exclusivo y exhaustivo de cualquier infracción de orden social", algo sobre lo que el tribunal recuerda que "ha advertido" al letrado.
Asimismo, el juez califica de "insostenibles" los argumentos de la acusación popular, y entiende que, la instrucción de la causa está a punto de finalizar, tras cuatro años de trabajo, y no tiene sentido añadir nuevos investigados.
