El Consejo General del Poder Judicial busca acomodo a los jueces Eloy Velasco y Enrique López para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo por la que los magistrados deben ser apartados de sus puestos en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
De acuerdo a fuentes cercanas al CGPJ, el lunes vence el plazo dado por el Supremo a la institución para que informe sobre el grado de ejecución de aquella sentencia.
El órgano de gobierno de los jueces está tratando de velar porque el traslado de Velasco y López a otro destino no provoque una cascada de perjuicios a terceros, ya que sus anteriores puestos están ya ocupados por otros magistrados.
La juez Manuela Fernández Prado, que junto al magistrado Ángel Luis Hurtado, han sido nombrados jueces de la Sala de Apelación, ha insistido en escritos enviados al Supremo que la posición actual de Velasco y López en la conocida como 'la Súpersala' -es allí donde se controlan todas las sentencias de la Audiencia Nacional- es contraria a derecho.
La juez Manuela Fernández Prado ha requerido al Supremo la ejecución de la sentencia por la que los dos jueces deben ser apartados
A mediados de 2017, la Comisión Permanente designó a los jueces Velasco y López para ocupar las plazas en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. La juez Manuela Fernández Prado, y también el magistrado Carlos Valle, interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra ese acuerdo.
El pasado 3 de abril el Supremo estimó el recurso de la magistrada, declarando contrario a derecho dichos nombramientos, y retrotrayendo las actuaciones para que se nombrara para ocupar las dos plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional a los magistrados con mayor antigüedad de entre los solicitantes, Manuela Fernández Prado y Ángel Luis Hurtado.
Burla al Supremo
El CGPJ aprobó el 16 de mayo acuerdo para ejecutar la sentencia dictada por el Supremo. Pero también acordó adscribir a los jueces Eloy Velasco y Enrique López a la misma Sala, debiendo concursar para obtener plaza en propiedad.
Esta decisión ha sido criticada por asociaciones de jueces de distintas ideologías, al considerar como una maniobra, como una burla al Supremo, la opción de mantener a los dos magistrados adscritos a la Sala.
El pasado 28 de mayo, la juez Fernández Prado solicitó a la Salta Tercera del Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia del 3 de abril, estimando que el mantenimiento de Velasco y López en la Sala de Apelación supone de hecho imponer su permanencia en las plazas cuyo nombramiento se ha declarado contrario a derecho.
La magistrada indicó en su escrito que las adscripciones de los dos jueces provocan la sobredimensión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, al ampliar el número de magistrados de tres a cinco sin ajustarse a supuesto legal que lo permita.
