El Gobierno ultima un plan B para frenar al Govern de Artur Mas asfixiándolo financieramente si es necesario. A lo largo de la legislatura, el Ejecutivo del PP ha aprobado un amplio marco legislativo diseñado para garantizar la estabilidad presupuestaria. Y esta arquitectura jurídica que se elaboró bajo la presión de Bruselas bien podría emplearse con el fin de privar de liquidez a la Generalitat de Cataluña en medio del órdago soberanista. A partir del mismo día en que se active este protocolo, en cuestión de un mes como mucho, el Gabinete de Mariano Rajoy podría suspender todos los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico que financian a la Comunidad. En menos de dos meses, podría detener cualquier operación de endeudamiento así como los subsidios y convenios desembolsados a costa del Estado. Y unos cuatro meses más tarde podría arrebatar a la Generalitat recursos del sistema de financiación. Todo ello con la ley en la mano. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene ya perfilados los instrumentos.
Paso a paso, al mismo tiempo que se van impugnado las iniciativas de los secesionistas por la vía judicial, el Gabinete de Rajoy irá poco a poco restringiendo la capacidad financiera de la Generalitat a fuerza de aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que en última instancia podría acabar en impagos de nóminas de funcionarios y retrasos con los proveedores, causando el caos en la Comunidad.
Desde medidas para controlar a los Mossos hasta clausurar el Parlament o controlar la televisión pública catalana, los distintos Ministerios han trabajado en una hoja de ruta completa con un protagonismo destacado de dos Ministerios: Interior y Hacienda. Y la parte de la cartera que dirige Montoro se juzga determinante según algunas fuentes consultadas. La Generalitat no podrá dar un salto a la independencia sin una estructura que recaude y se financie en los mercados. Pero el ejecutivo catalán se encuentra muy lejos de poder organizar en tan sólo unos meses una Seguridad Social, una agencia tributaria o incluso acudir a los mercados. Máxime cuando no tiene ni la certeza de que se va a independizar, ni la seguridad de unos ingresos en el futuro que le permitan devolver ese dinero prestado a los inversores.
Hasta hace poco, sólo se consideraba retener unos remanentes del FLA que habían quedado sin asignar. Pero ahora también cabe la posibilidad ahogar por completo a la Generalitat congelando los desembolsos del FLA que ya están aprobados y que se brindan cada mes
No obstante, por el mero hecho de que se infrinjan los principios de lealtad institucional y responsabilidad de cada Administración recogidos en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno puede iniciar el proceso para acabar interviniendo las cuentas de la Comunidad presidida en funciones por Artur Mas. Además, el Ejecutivo de Rajoy contempla la posibilidad de suspender los desembolsos mensuales del Fondo de Liquidez Autonómico, el fondo de rescate que mantiene en pie las cuentas de la Generalitat. Hasta hace pocos días sólo se consideraba la posibilidad de retener unos remanentes que habían quedado sin asignar de los que el Govern reclamaba unos 2.600 millones de euros. Pero ahora también cabe la posibilidad de que además se congelen los desembolsos del FLA que ya están aprobados y que cada mes se brindan a la Comunidad. Los ahogos de la Generalitat aparecerían de manera casi inmediata. Y para ello Hacienda únicamente habría de alegar que Cataluña está incumpliendo el principio de prudencia financiera. O bien enviar un equipo de la Intervención que emita un informe negativo en menos de un mes. O incluso, según las fuentes consultadas, bastaría con esperar a que en tan sólo un mes caduque el FLA de 2015 y no se le conceda más liquidez con cargo al nuevo Fondo de 2016.
De seguir el envite, Hacienda puede a continuación amonestar a la Comunidad de forma pública en el Consejo de Ministros. Y una vez transcurrido un mes de esa advertencia, el Gobierno podría dejar de abonar los convenios y subsidios que sufrague a la Generalitat. Amén de retirarle el permiso para abordar cualquier operación de endeudamiento, las cuales no contarían con el respaldo del Estado y, en consecuencia, difícilmente encontrarían prestamistas.
A renglón seguido, al no estar pagando la Generalitat a sus proveedores por carecer de liquidez, Hacienda pondría en marcha la Ley de Morosidad tras dos meses de retrasos. Tan pronto como transcurriesen los cuatro meses siguientes, Hacienda podría pagar directamente a los proveedores y sustraer esos recursos de las transferencias periódicas del sistema de financiación que el Estado de ordinario ingresa a la Generalitat. El Govern no sólo no contaría con la liquidez aportada por el FLA. También se quedaría sin una parte de los ingresos tributarios. Es más, tal y como está previsto en el contrato del FLA, Hacienda incluso cuenta con la capacidad de cambiar el orden de prelación y abonar unas facturas y no otras, dependiendo de si atienden o no prestaciones básicas. Lo que permitiría que se financiase exclusivamente aquello que sean servicios esenciales y no las aventuras soberanistas.
Sin los préstamos del Fondo de Liquidez y privada de recursos tributarios del sistema de financiación, en la práctica la Generalitat apenas dispondría de dinero contante y sonante
Sin los préstamos del Fondo de Liquidez y privada de recursos tributarios del sistema de financiación, en la práctica la Generalitat apenas dispondría de dinero contante y sonante, así que se vería estrangulada financieramente en apenas unos pocos meses a juicio de varias fuentes consultadas. Por más que pretendiese emitir bonos patrióticos con cargo a futuros impuestos, la probabilidad de articular algo tan ambicioso se antoja escasa. En última instancia y en una suerte de bomba institucional, el Gobierno combinaría el artículo 135 de la Constitución que rige la Estabilidad Financiera con el 155 que establece la intervención de las CCAA. Lo cual podría acabar con Hacienda mandando al cuerpo de interventores del Estado como si fuesen hombres de negro a fin de que tomen las riendas de la Tesorería.
El principal inconveniente de este plan B radica en que aún así habría que seguir intentando sufragar los servicios de los contribuyentes. Por no hablar de que a juicio de fuentes del PP catalán tampoco se debería fomentar más el victimismo. De modo que estos pasos se intentarán tomar de forma gradual y con cierto tiento. Pese a todas las cautelas, los instrumentos financieros para abordar la rebeldía de la Generalitat ya están listos.
