La actuación de Deloitte en Bankia vuelve a estar en entredicho. Economía estudia abrir un expediente sancionador contra la auditora por su participación en la salida da Bolsa de Bankia, en julio de 2011. Precisamente, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha decidido cambiar de firma auditora para los próximos tres años. Ernst&Young sustituirá a Deloitte tras la polémica suscitada por las últimas cuentas anuales de la época de Rodrigo Rato.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del ministerio que dirige Luis de Guindos, decidirá en los próximos días si inicia este trámite sancionador tras estudiar las alegaciones solicitadas a Deloitte. Antes de plantearse esta medida, el supervisor de las firmas de auditoría ya ha completado su supervisión sobre la labor de Deloitte en las cuentas semestrales de Bankia previas a su estreno en el parqué.
El ICAC precisa en un escrito remitido al juez Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, que los responsables de la entidad tomaron como referencia los estados financieros intermedios consolidados de la entidad del primer trimestre de 2011 para plantear la OPV.
Andreu ha preguntado al ICAC si ha abierto "algún expediente sancionador" contra Deloitte o contra el socio de esta auditora, Francisco Celma, encargado de revisar las cuentas de Bankia y que ha declarado como testigo en la causa que instruye el magistrado.
Ana María Martínez-Pina, presidenta del ICAC, autora del escrito, asegura que, el pasado lunes, fecha de entrada del escrito, no se había incoado ningún expediente sancionador, pero explica que sí se ha emitido ya un informe de control técnico que se ha remitido a la auditora "a efectos de que realice las alegaciones que considere oportunas en un plazo de quince días".
A la vista del informe y de las alegaciones, la presidenta del ICAC puede archivar las actuaciones o iniciar un procedimiento sancionador "cuando de las actuaciones realizadas se deduzcan indicios de la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas".
El ICAC esperará las alegaciones de Deloitte para decidir si abre el expediente sancionador contra la ex auditora de Bankia
En este documento, el supervisor no precisa si ha analizado ya o lo hará próximamente la auditoría que Deloitte realizó sobre las cuentas que Bankia presentó en marzo de 2012, que reflejaban unos beneficios de 309 millones, y que una vez reformuladas en mayo de ese año arrojaron unas pérdidas de 2.979 millones.
En este sentido, Celma aseguró en su comparecencia ante el juez Andreu, celebrada el pasado diciembre, que advirtió, en marzo de 2012, al comité de auditoría de Bankia que existían dudas razonables sobre la viabilidad de la entidad. También advirtió a BFA de que debería rebajar la valoración que tenía de su filial Bankia hasta un precio razonable, más bajo del que figuraba en sus libros.
La posición de Celma contradice la versión de la mayoría de los consejeros imputados, entre ellos Ángel Acebes, que fue presidente de la comisión de auditoría hasta abril de 2012. Estos dijeron que Deloitte nunca puso objeciones a las cuentas y que no supieron por qué se negó a entregar la auditoría.
Bankia comunicó ayer el fin de la relación con Deloitte, después de más de una década de colaboración. La entidad señala que ha decidido rotar la firma de auditoría, en línea con las recomendaciones realizadas en este sentido por las autoridades internacionales y españolas.
No obstante, la relación del banco y la auditora ha estado marcada por la polémica en los últimos años. Imputadas BFA y Bankia por la Audiencia Nacional, su representante legal afirmó que Deloitte no cumplió con la obligación de emitir su informe de auditoría a las cuentas del equipo de Rodrigo Rato antes del 30 de abril de 2012, un deber estipulado en el contrato que tiene con la entidad y por el que se embolsa 5,9 millones de euros.
El abogado Antonio Zafra aseguró ante el instructor Fernando Andreu que las cuentas aprobadas en la reunión del consejo de administración del 28 de marzo y que arrojaban unos beneficios de 309 millones de euros estuvieron a disposición del auditor, el cual, recalcó, no hizo ningún tipo de advertencia a esos números pese a tener toda la información que reclamó a la entidad.
