La DANA ha agravado el déficit de mano de obra que sufre el sector de la construcción. Las empresas reclaman trabajadores para poder reconstruir las viviendas afectadas, pues antes de la tragedia ya existía esta escasez, con la inmigración como única solución. Sin embargo, fuentes expertas han advertido del círculo vicioso que puede crearse: la falta de viviendas pone en riesgo también la llegada de los inmigrantes necesarios para construirlas.

En el último Observatorio Inmobiliario publicado por BBVA Research se pone en evidencia el fuerte crecimiento de la población en España únicamente por los extranjeros. Se prevé que los flujos migratorios continúen siendo positivos en los próximos años y esto "intensificará la demanda residencial". "En un escenario de riesgo, en el que la vivienda es un cuello de botella para la entrada de inmigrantes, es posible que ese incremento de la población no pueda materializarse", advierten desde el servicio de estudios.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya hay 48,9 millones de habitantes en España, de los que 6,7 millones son extranjeros. Se espera que en 2030 España cuente con algo más de 52 millones de personas, con un crecimiento promedio anual del 1%. Esto es, 3,5 millones de personas más en siete años. "Este incremento demográfico, teniendo en cuenta el tamaño medio del hogar, supondría la necesidad de entre 1,4 y 2,1 millones de viviendas", estima BBVA Research.

En la misma línea, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) calcula que habría que construir 200.000 casas nuevas al año (el doble de las que se construyen en la actualidad) para estabilizar el mercado y absorber la demanda actual, poniendo fin así a la escalada de precios que registra el mercado inmobiliario en España. Y para eso, además de resolver la falta de suelo disponible para la edificación y la lentitud de los procesos de concesión, las empresas necesitan mano de obra. 

El sector lleva meses alertando de este problema. La última reivindicación la han hecho con la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Las constructoras aseguran que no cuentan con los trabajadores necesarios para recuperar todas las infraestructuras públicas y viviendas dañadas y urgen al Gobierno a "traer inmigrantes", una petición que ya habían hecho anteriormente para poder cumplir con el proyecto del Ejecutivo de levantar 184.000 viviendas de alquiler asequible.

Casi 2.000 viviendas dañadas por la DANA

Realojar a los afectados es una de las prioridades tras la catástrofe de la DANA. Las autoridades trabajan a contrarreloj en la búsqueda de viviendas de protección social que puedan destinarse a este fin. El Gobierno ha anunciado que transferirá 25 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para comprar viviendas y alquilarlas a las familias afectadas con un periodo de carencia "suficiente". También SAREB ha cedido 150 viviendas de las más de 2.000 que tiene en la Comunidad Valenciana. 

Por su parte, la Generalitat ha puesto a disposición de las familias afectadas 214 viviendas, 184 en La Torre (una de las pedanías del sur de la capital) y otras 30 en diferentes municipios. A medio plazo está previsto sumar otras 65, cuando finalicen las obras de adecuación. Además, tal y como informó Vozpópuli, la Comunidad Valenciana es una de las más avanzadas en el reparto de fondos europeos para construir viviendas sociales, con 75 millones adjudicados antes de la catástrofe.

Más de 1.200 viviendas han sido declaradas como no habitables por la DANA, mientras que diez han tenido que ser demolidas y 467 han tenido que ser desalojadas por problemas estructurales. Estas cifras evidencian la necesidad urgente de poner viviendas sociales a disposición de los hogares afectados mientras se realizan las obras de rehabilitación o reconstrucción de las viviendas dañadas, para lo que será necesaria una fuerte inyección de mano de obra. 

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