Florentino Pérez tira la toalla con el Castor, el almacén de gas que Industria cerró temporalmente en septiembre pasado tras provocar más de 500 terremotos. El grupo ACS, que controla el 67% de Escal, la explotadora del proyecto, ve que no hay vuelta atrás, ante las evidencias de que los seísmos fueron provocados por la inyección de gas colchón.
Dado que lo más probable es que Industria no se atreva a reabrir el almacén, Escal ha decidido renunciar a la concesión de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural, según anunció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por ello, la compañía ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió para financiar el proyecto.
Escal, sociedad participada en un 67% por el grupo ACS y en un 33% por la firma CLP, se adjudicó en 2008 la construcción y explotación del almacén Castor. En la actualidad, el proyecto esta paralizado con el fin de determinar si es origen de los seísmos que se han registrado en la zona próxima de las costas de Castellón y Tarragona donde se ha construido.
ACS tendrá que asumir una quita de entre el 50% y el 70% del valor del Castor para poder cobrar la indemnización de un activo tóxico que acabará en un banco malo
Si los bonistas aceptan la propuesta de Escal, se iniciará el proceso de reversión de la licencia de explotación al Estado. Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, está estudiando la creación de un banco malo para rescatar el almacén, como adelantó Vozpópuli.
Florentino Pérez tendrá ahora que negociar con el Gobierno la cuantía de la indemnización que podría recibir por haber construido el Castor, una infraestructura que se presupuestó inicialmente en 500 millones de euros y que finalmente, según ACS, se disparó a 1.700 millones de euros.
El sector energético se opone a la idea puesta sobre la mesa de que el coste del Castor se cargue al recibo del gas
Industria exigirá a ACS una importante quita para realizar la valoración definitiva del almacén que sirva de base a la indemnización. Todo depende de las conclusiones finales de las auditorías económcias y a los informes sismológicos que aún están pendientes de llegar al Ministerio. La de DKV estableció que el coste total se habría situado en 1.400 millones de euros, pero Industria cree que esa cifra podría ser inferior.
Además, como todo activo tóxico que acaba en banco malo, la quita de su valor podría llegar hasta el 50%.
Ahora queda por ver de dónde saldrá el dinero para pagar a Florentino Pérez la indemnización, sea la que sea. Una de las hipótesis de trabajo es que este coste se cargue a la tarifa del gas, lo que ha provocado que todo el sector energético a pleno se oponga al Gobierno en pleno proceso de negociación de la reforma del gas.
Porque otra de las opciones sería que los Presupuestos Generales del Estado asumieran el coste, algo a lo que Cristóbal Montoro se opondría en el minuto uno.
