Las urgencias del presidente de ACS, Florentino Pérez, para que el Gobierno resuelva su problema con el almacenamiento de gas Castor tienen su explicación, una muy contundente, concretamente valorada en 1.400 millones de euros. Es la cuantía del bono con el que Escal, la concesionaria del Castor (participada en un 66% por ACS), financia la concesión y que tendrá que amortizar anticipadamente si el próximo 30 de noviembre el almacén de gas no está operativo o bien la concesión no ha sido devuelta al Gobierno.
En la actualidad, el Castor se encuentra paralizado a la espera de que el Ejecutivo valore los informes encargados a raíz de los numerosos movimientos sísmicos provocados por su actividad, que obligaron a detener su funcionamiento.
Desde entonces, Florentino Pérez se ha puesto manos a la obra para tratar de quitarse de encima el problema, es decir, para que el Gobierno rescate la concesión e indemnice a Escal de tal forma que la aventura del Castor, otro empeño personal del presidente de ACS, no provoque un agujero en las cuentas del grupo constructor y de servicios.
Sin embargo, este objetivo va a ser complicado de lograr. Por el momento, el Gobierno está valorando los resultados de todos los informes solicitados, tanto los de carácter técnico, que proceden del extranjero, como los de tinte económico. Hasta que no tenga todas las conclusiones no se pronunciará.
Rescate contrarreloj
Pero ACS no puede esperar mucho. El esquema que ha empleado Escal para financiar la concesión consiste en un bono avalado en parte por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por valor de 1.400 millones de euros y con un vencimiento a 21 años, que la concesionaria del Castor logró colocar en el mercado a un interés del 5,7%.
Pero el esquema prevé que si el 30 de noviembre de 2014 la concesión no está operativa y, además, no ha sido rescatada por el Estado, Escal deberá repagar a los bonistas de forma anticipada.
El escenario ha sido descrito a la perfección por la agencia Fitch, que ha rebajado la calificación de los bonos emitidos por Escal por debajo del grado de inversión, es decir, a la categoría de bonos basura debido a las incertidumbres que genera la situación en la que se encuentra el Castor.
Es decir, ACS debería afrontar el pago anticipado de los 1.400 millones de euros, en la parte que le toca, esto es, los dos tercios que se corresponde con su participación en la concesionaria del Castor.
En estos momentos este escenario se cumple por completo. El almacenamiento de gas está parado y el Estado aún no ha recuperado la concesión.
Quita asegurada
Pero aunque las negociaciones con el Gobierno lleguen a buen puerto y Moncloa articule el rescate del almacenamiento de gas, a ACS le va a resultar muy complicado evitar un agujero en sus cuentas a consecuencia del Castor.
Y todo porque el Ejecutivo ya le ha dejado muy claro a Florentino que en ningún caso pagará 1.400 millones de euros por recuperar la concesión sino que el proceso llevará consigo una quita, tal y como sucederá con el caso de las autopistas de peaje que se encuentran en situación de quiebra financiera.
Por lo tanto, Escal deberá hacerse cargo de la diferencia entre la indemnización que finalmente perciba por la concesión del Castor y la cuantía obtenida en la emisión de bonos, los mencionados 1.400 millones de euros.
Así se explica que en la reunión que los miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad mantuvieron en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios miembros del Ejecutivo, el presidente de ACS hablara largo y tendido con Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica, acerca de las circunstancia que rodean al almacenamiento de gas.
