El pasado mes de junio se abrió para Bankia un nuevo frente judicial. El Juzgado Central de Instrucción Nº 1 admitió la acumulación de una querella presentada por cuatro accionistas de Banco de Valencia por dos delitos de presunta falsificación contable, y en la que Bankia (como continuadora de Bancaja), cuatro antiguos consejeros del banco valenciano (José Luis Olivas, Domingo Parra, Antonio Tirado y Aurelio Izquierdo), así como el socio auditor (Miguel Monferrer, de Deloitte) estarían implicados. Los querellantes reclamarían una indemnización de 9,9 millones de euros por las pérdidas ocasionadas en su patrimonio después de que BdV fuera rescatada con dinero público, nacionalizada y posteriormente vendida a Caixabank.
Los accionistas afectados sostienen en su querella que tanto Bancaja (de la que heredó su negocio Bankia) como las cinco personas acusadas habrían sido responsables de falsear las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010. De esta forma, se les habría ocultado a los accionistas y al público en general el verdadero estado de la entidad, que posteriormente acabaría siendo rescatada y recapitalizada con cerca de 5.500 millones de euros (para posteriormente ser vendida por un euro a Caixabank).
Desde la entidad nacionalizada se muestran confiados en que la causa no seguirá adelante ya que las personas jurídicas no pueden ser acusadas de un delito societario de falsedad contable
La querella está aún pendiente de admisión definitiva, y fuentes de Bankia han informado a Vozpópuli de que la misma ha sido recurrida por sus servicios legales. Desde la entidad nacionalizada se muestran confiados en que la causa no seguirá adelante ya que en su opinión las personas jurídicas (y Bankia lo es) en ningún caso pueden ser acusadas de un delito societario de falsedad contable, y que así lo refleja el Código Penal vigente. Ya en octubre este mismo juzgado inadmitió a trámite la imputación de la propia Banco de Valencia y de Caixabank.
Bankia dice que nunca controló Banco de Valencia
La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri argumenta también que no es procedente su imputación penal en este caso porque Bankia, si bien fue máxima accionista de BdV, nunca formó parte del consejo de administración del banco, "ni como administrador de hecho ni de derecho, por lo que no ha formulado ni presentado ante la Junta General de Accionistas las cuentas anuales que se reputan falsas", tal y como señalan los representantes del banco nacionalizado, que critican a los querellantes por atribuir "alegremente" a la entidad la responsabilidad solo por el hecho de que la antigua Bancaja traspasó sus activos y pasivos a BFA y luego por tanto a Bankia.
Los querellantes acusan a Bankia de ser la heredera de Bancaja, algo que discuten los responsables legales de la entidad nacionalizada
"A pesar de que BFA recibiera de Bancaja su participación en BISA [Bancaja Inversiones SA], y las participaciones de ésta en terceras empresas, entre ellas en Banco de Valencia (...) se establecía que Bancaja mantendría la titularidad y el control de la participación que ostentaba en BdV en Bisa. (...) Pero en ningún momento se cedió la gestión sobre Banco de Valencia, que permaneció en Bancaja", aseguran los abogados de Bankia, que además insisten en que la participación de BFA en BdV nunca llegó a traspasarse al banco cotizado. Es decir, que no todo se traspasó desde las cajas hacia BFA-Bankia, sino que algunos negocios permanecieron en las mismas, como es el caso de la participación (y el control) de Bancaja en Banco de Valencia. No fue hasta el 28 de noviembre de 2012 que se disolvería la caja de ahorros valenciana, para convertirse en la fundación que todavía hoy es.
Los querellantes acusan a Bankia de ser la heredera de las responsabilidades (en este caso penales) de Bancaja, algo que discuten los responsables legales de la entidad nacionalizada. Primero porque la propia Bancaja siguió existiendo como tal hasta noviembre de 2012, y segundo porque el acuerdo con el que se firmó el SIP de BFA-Bankia, en ningún caso contemplaba que a la nueva entidad se le traspasasen los derechos de gestión sobre Banco de Valencia, sino tan solo los derechos políticos "referidos a los derechos de la Junta General".
