Manuel Azuaga seguirá siendo presidente ejecutivo de Unicaja Banco de forma indefinida. Este es al menos el planteamiento inicial de la propia entidad, según ha podido conocer Vozpópuli. Pese al reciente anuncio del fichaje de un nuevo consejero delegado (Enrique Sánchez del Villar) y la conocida preferencia del Banco Central Europeo por los presidentes sin poderes en la gestión, el banco ha optado por mantener sine die la condición de primer ejecutivo a Azuaga, de forma similar a como la dispuso su antecesor, Braulio Medel, que ahora preside la Fundación Unicaja después de que la normativa en vigor le obligase a decantarse por uno de los dos cargos.
El hecho de que Azuaga (hasta el pasado junio número dos de Medel) vaya a permanecer como presidente ejecutivo supone un cambio sobre el plan inicial de Unicaja Banco. Dicho plan pasaba por que el nuevo presidente compaginara de forma temporal su cargo con el de consejero delegado, hasta que la entidad encontrase un perfil idóneo para el puesto de primer ejecutivo. Una vez cerrado el nombramiento, Azuaga teóricamente renunciaría tanto al cargo de consejero delegado como a su condición ejecutiva, pasando a partir de entonces a ser un presidente de tipo institucional. Este es el modelo preferido por el BCE, que prefiere sistemas menos presidencialistas, y el elegido hace apenas unas semanas por entidades como Caixabank, que nombró a Jordi Gual como presidente sin poderes de gestión, que recaerán en Gonzalo Gortázar.
Desde la entidad malagueña creen que el nuevo CEO necesitará un periodo de adaptación antes de asumir todos los poderes ejecutivos
La inminente incorporación a Unicaja Banco de Enrique Sánchez del Villar, sin embargo, ha permitido a Azuaga cambiar el guión inicial sin la objeción de los supervisores. Y es que desde la entidad malagueña consideran que el nuevo CEO, procedente de la firma Ahorro Corporación y sin experiencia en el banco, necesitará un periodo de adaptación antes de poder asumir todos los poderes ejecutivos y de gestión. Ahí entrará en juego precisamente el nuevo presidente, quien lleva desde 1986 en Unicaja y ha venido ostentando durante los últimos años los puestos de vicepresidente y consejero delegado de la entidad.
Azuaga seguirá por lo tanto ejerciendo responsabilidades ejecutivas de forma permanente por lo menos hasta que Sánchez del Villar pueda ejercerlas en solitario. Y por encima de ambos permanecerá el propio Braulio Medel, que como presidente de la Fundación Unicaja (máxima accionista del banco) seguirá ejerciendo un control indirecto sobre el consejo de administración, los nombramientos y las decisiones de la entidad.
El reto de la salida a Bolsa
Tanto Azuaga, como Sánchez del Villar, como Medel tendrán que afrontar durante los próximos meses el reto de la salida a Bolsa de Unicaja Banco, una operación forzada por la normativa de fundaciones bancarias, que obliga a las mismas a ostentar participaciones accionariales minoritarias en sus negocios bancarios (y sacar al mercado más del 50%). En principio el compromiso de la entidad es salir a cotizar antes de final de año, y para ello se ha contratado como colocadores a Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse y BBVA.
La incertidumbre de los mercados como los descuentos de Popular en su ampliación de capital hacen muy improbable que la caja salga a Bolsa
Sin embargo, todos los analistas consultados por este diario parecen coincidir en que tanto el momento de incertidumbre que se vive en los mercados (con especial castigo a los bancos), como los fuertes descuentos aplicados por Banco Popular en su ampliación de capital (un 45% sobre su valor de entonces), hacen en la práctica muy improbable que la caja malagueña se decida a salir a Bolsa en un futuro cercano. En el caso de Ibercaja, la otra entidad con obligación legal de salir a los mercados, los gestores ya han logrado extender el plazo legal hasta el año 2020, un margen con el que a día de hoy no contaría Unicaja.
Sigan adelante o no con la idea de colocar sus acciones en el mercado, los nuevos responsables de Unicaja Banco deberán moverse sí o sí para decidir su estrategia, toda vez que el plazo preestablecido (finales de este año) se está agotando. La decisión, además, ha de contar con el beneplácito de las autoridades, ya que existe en principio un compromiso que obliga a la fundación a reducir su participación por debajo del 50% antes de que acabe 2016.
