El “fraude masivo” en el sector fotovoltaico que dejó entrever en el otoño de 2008 el Ministerio de Industria no existió o, si lo hubo, en su inmensa mayoría no se ha podido probar. De las 9.041 instalaciones sospechosas de no tener todos los equipos en marcha a 30 de septiembre de 2008 (cuando la prima a estas plantas bajó un 30%), hasta ahora sólo se ha podido demostrar el fraude en poco más de 900.
La inmensa mayoría, 840 plantas, se autoinculparon en la amnistía ofrecida por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, en el verano de 2010. A cambio de reconocer que no estaban en regla, pudieron acogerse al régimen retributivo inmediatamente posterior. El resto, apenas 82 instalaciones, son huertos solares a los que la Dirección General de Política Energética y Minas ha incluido en el Registro de régimen especial sin retribución primada tras determinar que no están en regla. Estas plantas, cuya inclusión en esa lista negra se ha publicado en los últimos meses en el BOE, se quedan sin prima y están obligadas a devolver las primas percibidas con los correspondientes intereses de demora.
En total, se ha pillado hasta ahora a 917 instalaciones, que suponen el 10,1% del total bajo sospecha y un porcentaje ínfimo (1,58%) de los 58.067 huertos solares que hay en España.
La última resolución de Industria (que metió en ese registro de productores sin derecho a prima a tres plantas) data del pasado 31 de mayo. Desde que José Manuel Soria está al frente del ministerio, sólo se ha incluido a cinco huertos en ese registro de incumplidores. Hace un año, el anterior equipo de Industria ya admitió que la "inmensa mayoría" de las 1.919 plantas a las que la CNE había quitado la subvención de forma cautelar tenía derecho a la restitución del incentivo.
Hay otras 118 instalaciones a las que Industria reconoció el año pasado, antes del cambio de Gobierno, el derecho a cobrar prima pese a que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se lo había retirado cautelarmente por no haber presentado toda la documentación requerida (como facturas, certificados de obra o referencias catastrales).
Para la patronal fotovoltaica, Unef, el bajo porcentaje de casos de fraude que se han podido demostrar indica que “cada vez se ve con más claridad” que las irregularidades no fueron masivas.
Sin embargo, cuando se airearon los primeros indicios del fraude, el propio sector cifraba en cerca de 800 MW las plantas bajo sospecha. Aunque no hay datos oficiales, todo apunta a que las plantas acogidas a la amnistía o castigadas sin prima no llegan, ni de lejos, a los 100 MW (en España hay instalados 4.270 MW fotovoltaicos).
Desde el principio, los promotores pidieron mano dura contra los defraudadores y que se depuraran responsabilidades. Pero, incluso en el gabinete de Sebastián había quien ponía en duda que el fraude se demostrara, ya que involucraba a los gobiernos autonómicos, que fueron los que otorgaron las actas de puesta en marcha a esas instalaciones (aunque algunas no estuvieran listas).
El “fraude masivo” no fue tal, pero preparó el terreno para los posteriores recortes de las primas a la fotovoltaica, que vivió una auténtica burbuja antes de la bajada de primas de 2008 que hoy pesa como una losa en el recibo de la luz. Hasta abril, la energía fotovoltaica recibió un tercio de los 3.000 millones en primas al régimen especial pese a aportar sólo el 2,9% de la electricidad. El sector, como todos los del negocio eléctrico (ayer, la patronal Unesa), insiste en que no puede afrontar más recortes, ya está empezando a notar el efecto del recorte del límite de horas con derecho a prima que aprobó Sebastián.
En los últimos meses, empresas fotovoltaicas como DC Wafers (León), Pevafersa (León), Silicio Solar (Ciudad Real), Celemín (Valencia), Gadir Solar (Cádiz), Aleo Solar (Barcelona) y Wagner Solar (Madrid) han declarado concurso de acreedores o echado el cierre y otras como Isofotón (Málaga), Solaria (Ciudad Real y La Rioja), Siliken (Albacete) o Soliker (Salamanca) han presentado EREs.
