La política, que dio una rueda de prensa junto a su homólogo español, Alfonso Dastis, abogó por una solución "negociada" que convenga a las dos partes. Es decir, que beneficie "a los usuarios" y que otorgue "seguridad jurídica" a la empresa. "Somos optimistas", señaló en declaraciones recogidas por dpa.

El Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos decidió a mediados de noviembre intervenir Eletricaribe bajo el argumento de asegurar la prestación del servicio eléctrico a los departamentos abastecidos por la compañía, que distribuye electricidad a una amplia zona del norte de Colombia y que pertenece en su mayoría al grupo español.

La medida fue adoptada tras el fracaso de una ronda de conversaciones con directivos de Gas Natural Fenosa, que habían llegado a Bogotá convocados a raíz de la situación en la filial, que cuenta con un 85 por ciento de capital español.

Facturas impagadas

Según informó en su momento la multinacional española, Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.260 millones de euros. La situación financiera derivó en cortes diarios de electricidad en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde la empresa tiene 2,5 millones de clientes.

En diciembre, Gas Natural interpuso en Colombia un recurso por la vía administrativa contra la intervención, aludiendo fallos en el procedimiento. La energética española podría denunciar a Colombia ante la corte internacional de arbitraje del CIADI, una institución dependiente del Banco Mundial con sede en Washington.