El sector termosolar está decidido a agotar todas las vías legales para que el Gobierno dé marcha atrás al recorte de su retribución que prepara en el marco de la denominada reforma energética, que ahora se dispone a tramitar el Senado. El secretario general de la patronal Protermosolar, Luis Crespo, da por “seguro” que va a haber un arbitraje internacional contra España, tanto por parte de las cerca de 50 instituciones financieras internacionales que han financiado proyectos termosolares en España como de las propias empresas nacionales. “Está clarísimo”, dice.
Crespo asegura que las plantas “no pueden aguantar” la rebaja de primas que se avecina, de un 15% (para la producción de gas de las plantas, que no tendrá derecho a incentivo), a la que se unirá la tasa única del 6% para la facturación de todas las tecnologías de generación. En declaraciones a este diario,
En declaraciones a este diario, Crespo reitera que la termosolar “no es responsable” del déficit de tarifa acumulado hasta ahora y subraya que, cuando estén en funcionamiento todas las plantas previstas de aquí a finales de 2013, esta tecnología será la cuarta en volumen de primas del régimen especial, tras la fotovoltaica, la eólica y la cogeneración.
"Algunos fondos han entrado con rentabilidades muy pequeñas", asegura
El recorte, señala, es “una barbaridad que causa un daño enorme al país”. Un “tiro en el pie” que, “por un plato de lentejas” (el ahorro de costes con el recorte a la producción con gas se estima en unos 60 millones de euros anuales), se le puede volver “en contra” al Gobierno. Según el secretario general de protermosolar, hay plantas que acaban de arrancar y que todavía “no tienen cash-flow suficiente para pagar el servicio de la deuda”. “Algunos fondos han entrado con rentabilidades muy pequeñas [no fueron los promotores iniciales, sino que las compraron una vez terminadas], porque pensaban que este era un sector regulado y España, un país serio”. Entre
El guión del probable recurso a un arbitraje se asemeja al que siguió a la bajada de los incentivos a la energía fotovoltaica, que propició la demanda de un grupo de fondos extranjeros que actualmente dirime otro tribunal internacional en Ginebra. Si finalmente hay arbitraje, fuentes del sector apuntan que el proceso se dirimirá muy probablemente en la sede londinense del CIADI (dependiente del Banco Mundial), ya que la mayoría pertenece a países adheridos al Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), un instrumento multilateral para la promoción y cooperación en el sector energético que entró en vigor en 1998 y al que están adheridos 52 Estados. Entre ellos, España, y Reino Unido, Francia, Alemania, Japón o Suiza, países de procedencia de muchos de los fondos. No obstante, entre ellos no figura Estados Unidos.
El proceso no sería inmediato. Una vez entre en vigor la ley para la Sostenibilidad Energética (a principios del año que viene), se abriría un periodo transitorio (de enfriamiento o cool period) de seis meses para intentar una salida negociada, similar al que acaba de cumplirse en el litio entre Repsol con Argentina por YPF.
Sería el tercer contencioso de este tipo que se inicia contra España ante esa instancia desde que se adhirió en 1994. Actualmente, muy pocos miembros de la UE tienen abiertos procesos en esa instancia, que desde 2009 ha dirimido contenciosos comerciales en países como Venezuela, Argentina, Burundi, Guatemala, Macedonia, Guinea, Líbano, El Salvador, Turkmenistán, el Congo o Togo, entre otros.
