El Ministerio de Economía instó a los grandes bancos españoles a aportar más pisos al Fondo Social de Vivienda ante los planes de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, de facilitar el acceso a viviendas a personas sin recursos. Durante las últimas semanas representantes de Santander, BBVA, Caixa, Bankia, y Popular han mantenido reuniones para impulsar el FSV y tratar de mejorar su gestión y desarrollo.
El Gobierno trata así de responder a medidas anunciadas como la paralización comunicada el pasado 28 de julio por Carmena de la venta a fondos de inversión de 2.086 viviendas de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o el reciente anuncio de Colau de ampliar las ayudas al pago de alquiler y alcanzar durante su mandato las 8.000 viviendas de alquiler social.
El ministerio dirigido por Luis de Guindos tiene previsto anunciar la nueva FSV la próxima semana y comunicar las novedades acordadas, entre ellas la ampliación de 6.000 a 9.000 pisos con los que cuenta el organismo dependiente de Economía; la contratación de la consultora KPMG para mejorar la plataforma desde la que se accederá a la información sobre las viviendas cedidas por las entidades financieras; o la creación de una web que agrupará todos los pisos (hasta ahora cada entidad financiera era responsable de la gestión de las viviendas que aportaba al FSV), como informó el jueves Vozpopuli.
Uno de los motivos por los que el fondo no acaba de tener éxito es que las condiciones para las familias interesadas son muy limitadas
De acuerdo a las fuentes consultadas, los bancos y Economía han acordado también aportar viviendas en alquiler al FSV, ampliar el periodo de vigencia del fondo más allá de enero de 2016, y rebajar los requisitos de acceso a las mismas. Hasta ahora una de las razones por las que el fondo no acaba de tener éxito -de las cerca de 6.000 viviendas disponibles desde 2013, año en el que se constituyó el fondo, sólo se han ocupado unas 2.000- es que las condiciones que tenían que cumplir las familias interesadas eran muy limitadas. En la actualidad las solicitudes de acceso a las viviendas deben dirigirse a la entidad de crédito correspondiente, que tienen que dar prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social y para ello han de solicitar informes a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales correspondientes.
En la constitución del FSV se acordó que pudieran ser beneficiaros de la medida las personas afectadas por un desalojo producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, y que el desalojo se hubiera producido a partir del 1 de enero de 2008. Además debían encontrarse en circunstancias como que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros); que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad; o que se trate de una familia en la que exista alguna víctima de violencia de género.
Ya en mayo de 2014 se ampliaron las circunstancias recogidas inicialmente en el Convenio, permitiéndose el acceso a familias con hijos menores de edad (18 años), en lugar de hasta tres años; personas en situación de dependencia o con discapacidad (el requisito hasta entonces era una discapacidad del 33% o superior); y a personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
Los inmuebles se encuentran en condiciones adecuadas para su uso inmediato y sin necesidad de que el arrendatario acometa ninguna inversión previa sobre la vivienda. El arrendatario se obligará a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se encontraba en el momento de su entrega. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
