El pasado martes Vitalino Nafría presentó su dimisión como presidente de Metrovacesa, compañía en la que representaba al BBVA, una de las seis entidades financieras que controlan la inmobiliaria. La marcha del directivo se produce después de que los accionistas hayan sufrido un nuevo revés en su estrategia de apostar por la empresa y propiciar una nueva restructuración de su elevada deuda.
Hace poco más de un año, Metrovacesa llevó a cabo un complejo proceso de refinanciación que culminó con una ampliación de 1.950 millones de euros que se comprometieron a suscribir los seis bancos que controlan algo más del 95% del capital de la compañía. El grueso de la operación consistió en una capitalización de préstamos, toda vez que las entidades (Santander, BBVA, Banesto, Bankia, Banco Popular y Banco Sabadell) tienen el doble papel de accionistas y acreedores. La ampliación se aprobó a finales de junio de 2011 a un precio de 1,5 euros por acción, muy ventajoso por entonces teniendo en cuenta que los títulos cotizaban en el entorno de los cinco euros.
Sin embargo, transcurrido poco más de un año desde que se llevó a cabo la ampliación (que culminó a finales de agosto), Metrovacesa ha sufrido un fuerte castigo en bolsa que ha llevado a la compañía a cotizar en el entorno de 0,75 euros por acción, es decir, la mitad del precio de la ampliación. Un nuevo varapalo para la banca que ya ha tenido que realizar provisiones milmillonarias a cuenta de la apuesta por la inmobiliaria.
Las seis entidades que ahora controlan la compañía son los principales acreedores de la familia Sanahuja, los antiguos accionistas principales de Metrovacesa. En febrero de 2009, los Sanahuja llegaron a un acuerdo con la banca para canjear los préstamos que mantenían por las acciones que controlaban de la inmobiliaria. La operación se realizó valorando los títulos de Metrovacesa a 57 euros.
Provisiones y minusvalías milmillonarias
Desde entonces, cada año los bancos han tenido que reducir notablemente la valoración de sus participaciones en Metrovacesa, con la consiguiente provisión. Y el daño no ha sido mayor porque el Banco de España permitió que las revisiones de las valoraciones se realizaran en función del valor neto de activos de la compañía (NAV) y no de la cotización de las acciones, que en los últimos años ha presentado un considerable descuento respecto al NAV.
El proceso de refinanciación de Metrovacesa se prolongó durante más de dos años y finalmente la compañía tuvo que recurrir a los tribunales británicos, aprovechando que el préstamo sindicado original se firmó en Londres, para evitar males mayores. La legislación mercantil de Reino Unido permite que una refinanciación pueda llevarse a cabo con el apoyo de una mayoría cualificada de los acreedores mientras que en España la oposición de uno solo da al traste con el proceso.
En este sentido, Metrovacesa se encontró con la oposición de algunos fondos buitre que fueron adquiriendo carteras de deuda de entidades participantes en el sindicado, especialmente extranjeras, y que exigían el pago del préstamo en lugar de una refinanciación. Acudir a los tribunales británicos salvó a la empresa del concurso de acreedores.
Sin embargo, esta situación no terminó de convencer a los accionistas de la compañía que han visto como la operación salvavidas ha supuesto un nuevo agujero en sus balances. La salida de Vitalino Nafría podría no ser la última. El descontento con su papel en Metrovacesa no es menor que el referido a Eduardo Paraja, consejero delegado de Metrovacesa nombrado al mismo tiempo que Nafría pero en representación de Banco Santander.
