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Bruselas endurece sus normas y prepara una batería de sanciones contra varios aeropuertos españoles

Parecía que Almunia socorrió a Fomento al no sancionar las ayudas públicas a las terminales con menos de 700.000 pasajeros/año (más de la mitad en España) hasta 2024. Pero la letra pequeña de la Comisión –plan de negocio, distancia mínima entre aeropuertos- anticipa una lluvia de condenas. “Los Estados tienen que olvidarse de las aerolíneas y fomentar las infraestructuras de proximidad”, critican los ecologistas europeos.

En febrero pasado, buena parte, sino la mayoría, de los aproximadamente 50 aeropuertos españoles –oficialmente son 48 pero algunos como el de Castellón no salen en el listado de Aena porque carecen de vuelos- descorcharon el cava: la Dirección General de Competencia a cargo del comisario español Joaquín Almunia flexibilizó su propuesta de sancionar las ayudas públicas a las aerolíneas, elevando el listón de viajeros de 300.000 a 700.000 por año. Todas las terminales con menos de 700.000 pasajeros anuales estarían eximidas de sanciones durante 10 años –hasta 2024-. El umbral no es para nada baladí en España, donde más de la mitad de los aeropuertos tiene menos de esa cota de usuarios al año.

Pero esa sensación de seguridad de la autoridad aeroportuaria con las leyes comunitarias puede ahora difuminarse de golpe y porrazo: la letra pequeña de la norma impone unas condiciones muy severas que van mucho más allá de conceder a la ligera ayudas públicas con una demanda por debajo de 700.000 viajeros anuales. La Comisión de hecho sancionó a principios de este mes a seis aeropuertos de Suecia, Italia, Bélgica y Alemania. Y todo apunta a que la lista de países alcanzará a España, ya sin Almunia al frente de Competencia, según transmiten a este medio varias fuentes comunitarias.

Seis aeropuertos de Italia, Suecia, Bélgica y Alemania acaban de ser sancionados por Bruselas

Uno de los puntos calientes de la normativa es que las ayudas públicas a compañías privadas se pueden conceder si existe una “necesidad real en materia de transporte” y si la concesión es básica para “garantizar el acceso a una región” concreta. A la ciudad de Huesca llega el AVE, lo cual no impide a esta provincia aragonesa contar con una terminal que durante todo 2013 recibió menos de 300 pasajeros, según datos de Aena. Otras ciudades de alta velocidad con aeropuerto: Albacete, donde apenas volaron más de mil usuarios. O Córdoba, a cuyo aeropuerto aterrizaron menos de 7.000 personas. Independientemente de que estos lugares se hallen muy por debajo de los 700.000 visitantes anuales, difícilmente podrá justificarse aquí una “necesidad real”.

La Comisión apunta a que en muchos de los aeropuertos españoles se asignan ayudas basándose en la capacidad que tiene la terminal, y no en su demanda real. Así, no pocos aeropuertos cuentan con muchísima capacidad pero no aerolíneas que la cubran, por lo que intentan regar a las compañías de dinero público: Ryanair, Air Nostrum, Air Europa, Vueling…

La letra pequeña

La barrera de 700.000 no es ilimitada: durará 10 años. El objetivo es que todos los aeropuertos cobijen a un mínimo de tres millones de pasajeros anuales en 2024, una cifra marciana para más de la mitad de las terminales españolas. Se reevaluarán las ayudas con cierta periodicidad, y se exigirán más condiciones: una previsión de la cobertura integral de los costes al final de este periodo transitorio y un plan de negocio para hacer viable el aeropuerto una vez concluidos los 10 años. Todo eso está en la letra pequeña.

Difícilmente las terminales españolas podrán presentar un plan de negocio viable en 2024

El objetivo es tratar de “adaptar los aeropuertos al modelo empresarial”, pero es previsible que este punto pueda padecer retoques con la entrada en vigor de la nueva Comisión Juncker, el próximo 1 de noviembre. Y aún hay más criterios, ver escollos: Bruselas maneja desde hace tiempo una distancia mínima de 100 kilómetros entre cada terminal para garantizar una mínima viabilidad de acuerdo con los parámetros de libre mercado. En Cataluña, en Castilla y León y en el eje Navarra-La Rioja-País Vasco, por citar tres casos, está distancia queda en entredicho.

El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo (ecologista) critica la proliferación de aeropuertos sin sentido en España, pero también en Francia, “donde hay terminales que distan una de otra de menos de 50 kilómetros”, fustiga la eurodiputada Karima Delli. “Se inicia una era en la que no todo el transporte debe de ser aéreo”, indica la dirigente verde. “Europa necesita invertir más en infraestructuras de proximidad, como los trenes o sucedáneos”. En la mente de los ecologistas también está la preocupación por la polución atmosférica y otros factores medioambientales relacionados con los aviones. En los últimos 10 años, la construcción de aeropuertos se disparó un 135% según el think-tank Transport & Environment, con España a la cabeza. 

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