Nuevo capítulo del debate sobre el futuro de las centrales nucleares. A marchas forzadas, el Gobierno ha introducido una reforma en el sistema para la renovación de la licencia de estas instalaciones con el objeto de reducir los plazos para solicitar la prolongación de su vida útil. El Ministerio de Energía atiende así la petición de algunos accionistas de la central de Almaraz (entre ellos, Iberdrola y Gas Natural), cuyo plazo para realizar la citada solicitud vencía la próxima semana. De ahí las urgencias del departamento que dirige Álvaro Nadal, que ha enviado a toda prisa la propuesta al pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su preceptiva autorización, algo que no ha estado exento de polémica.
Con esta medida, el Gobierno rebaja un tanto el tono que había adquirido el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, que le mantiene enfrentado con las empresas del sector. Energía apuesta claramente por este tipo de energía pero aún no ha mostrado sus cartas frente a unas compañías que pretenden que el Gobierno rebaje la fuerte carga fiscal que introdujo para las centrales en la reforma de la pasada legislatura al entender que ésta hace inviable la rentabilidad de las instalaciones.
Nada más aterrizar en Moncloa, Nadal puso en marcha los procesos para abrir la puerta a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Garoña, paralizada desde hace casi cinco años por decisión de sus accionistas (Endesa e Iberdrola, a través de la sociedad Nuclenor), fue el primer caso.
Tras el preceptivo informe del CSN, que definió todas las actuaciones necesarias para prolongar la vida de Garoña, el Gobierno se dio seis meses para decidir si daba el permiso y durante cuánto tiempo. En esta situación de indefinición sigue el sector, lo que aprovecharon las empresas para presionar al Ejecutivo, sabedoras de su deseo de mantener activas las centrales.
Las eléctricas se quejan
Así, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se pronunció en la junta de accionistas de la compañía, en contra de mantenerlas abiertas si no eran rentables. También en el marco de su asamblea de socios, Gas Natural señaló que no merecía la pena invertir en el negocio con las condiciones actuales.
Iberdrola fue más lejos y propuso formalmente a Endesa, su socio en Garoña, desistir para siempre de seguir operando la central. La decisión no salió adelante por la oposición de la compañía que preside Borja Prado, partidaria de esperar a que el Gobierno se pronunciara sobre el futuro de la central y del sector. Pero el mensaje estaba lanzado.
Energía recogió el guante pero aseguró que no iba a modificar la fiscalidad de la energía nuclear. Sin embargo, tampoco ha dado pistas sobre lo que decidirá finalmente con Garoña, que servirá de referencia para el resto de las centrales. Ante esta indefinición, las empresas pidieron la mencionada modificación con el fin de disponer de más tiempo para solicitar la prolongación de la vida útil.
Sube la temperatura
En principio, la respuesta del Gobierno fue el silencio. Mientras, Nadal lanzó un furibundo ataque en sede parlamentaria a Enel, accionista mayoritario de Endesa, por su decisión de cerrar dos centrales térmicas en España. Y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en las sedes de Iberdrola por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la presunta manipulación de la subasta eléctrica de finales de 2013, una causa que, en su día, archivó la Fiscalía del País Vasco.
Acontecimientos coexistentes en el tiempo, que llamaron mucho la atención en el sector y que contribuyeron a elevar el tono del debate nuclear.
El Gobierno se ha visto obligado a actuar ante la posibilidad de que las eléctricas decidieran no solicitar la renovación de la licencia de alguna de las centrales en las próximas semanas. El problema es que lo ha hecho de forma precipitada ante la cercanía del fin de los plazos, lo que ha generado polémica en torno a la rápida decisión del CSN.
