Perú acumula tres procesos de arbitraje ante el Ciadi, organismo de mediación de conflictos dependiente del Banco Mundial, en los últimos 18 meses instados por empresas y consorcios españoles. Un escenario que pocos podían prever, toda vez que el país andino se había revelado como el destino inversor de moda en Latinoamérica. Sin embargo, Perú está viviendo una especie de caída a los infiernos, en buena parte provocada por la inestabilidad política debido a la supuesta implicación de los últimos gobiernos del país en el caso que sigue contra la constructora brasileña Odebrecht.
El último caso ha sido protagonizado por Enagás, que anunciaba a mitad de semana el inicio de un proceso en el Ciadi contra Perú con el fin de reclamar su inversión en el Gasoducto del Sur de Perú (GSP), cuya construcción y operación fue adjudicada a un consorcio del que la compañía española formaba parte. A comienzos de 2017, el Gobierno peruano se vio obligado a rescatar la concesión debido a que el consorcio no fue capaz de cumplir los plazos fijados para armar su financiación.
En esta circunstancia contribuyó de forma decisiva la presencia de Odebrecht como líder del grupo de empresas, lo que cerraba al consorcio las puertas de la banca mundial. En esta circunstancia, el Ejecutivo local garantizó a Enagás que recuperaría su inversión en el proyecto (que asciende a cerca de 300 millones de dólares) en el transcurso de seis meses desde que se formalizara el rescate de la concesión. E incluso le dejaba la puerta abierta para participar en la nueva licitación que llevara a cabo para retomar la construcción del gigantesco gasoducto.
Sin embargo, año y medio después de que la concesión fuera rescatada, Enagás se encuentra prácticamente en el punto de partida. Sus reiteradas conversaciones con los numerosos ministros de Energía y Minas que han desfilado desde entonces sólo han tenido como resultado un puñado de buenas intenciones. Por medio, ha caído de forma abrupta el Gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, que teóricamente iba a relanzar el proyecto, lo que ha añadido aún más incertidumbre al proceso.
A vueltas con el Metro de Lima
Tras el rescate de la concesión, Enagás fue muy prudente en sus previsiones y contó con recuperar la inversión en el plazo de tres años, frente a los seis meses que le había asegurado el Gobierno peruano. Sin embargo, todo parece indicar que incluso el calendario sumamente conservador de Enagás va a saltar por los aires.
Precisamente, en aquellas primeras semanas de 2017 en las que se estaba resolviendo la concesión del GSP, el consorcio Metro de Lima 2, liderado por los grupos constructores españoles ACS y FCC, iniciaron un proceso en el Ciadi contra el Estado peruano a cuenta del contrato para la construcción de la segunda línea de metro de Lima.
Como en el caso de Enagás, las empresas establecieron en primer lugar un diálogo con el Gobierno de Perú para tratar de que les compensara por los considerables retrasos que estaban padeciendo los trabajos y que eran debidos a la tardanza de las autoridades locales de entregarles los terrenos para el desarrollo de las obras.
Las negociaciones derivaron en un proceso abierto ante el Ciadi, por el que el consorcio reclama una cantidad próxima a los 270 millones de dólares en concepto de compensación.
Dos proyectos bandera
La gravedad de esta situación estriba en que se trata de los dos mayores proyectos de infraestructuras licitados en Perú en los últimos tiempos, valorados conjuntamente en más de 10.000 millones de dólares. Las banderas de la oportunidad inversora que ofrecía Perú a las empresas, ahora puestas en juicio.
A estos casos se añade el de la empresa burgalesa Lidercón, que también inició en 2017 un proceso contra Perú en el Ciadi en el que reclama una compensación de entre 100 y 300 millones de euros por el incumplimiento de las condiciones de un contrato logrado hace ocho años para la construcción y gestión de estaciones de revisión de automóviles (ITV) en Lima.
La compañía española basó su demanda en un laudo arbitral que ya ganó en Perú sobre el contrato adjudicado hace seis años y que el país todavía no ha cumplido. Mientras que Lidercón ha construido cinco estaciones fijas en Lima y otras cuatro móviles, otras empresas competidoras han levantado también estaciones en la capital peruana lesionando la competencia.
Inestabilidad política
Todos estos procesos han llegado en un momento de especial inestabilidad para el país andino. Las revelaciones derivadas de la investigación que se sigue en Brasil por las denuncias a Odebrecht, acusada de financiar campañas políticas en diversos países latinoamericanos, a cambio de concesiones, han provocado un auténtico terremoto en Perú, toda vez que las supuestas implicaciones afectan a los últimos Gobiernos del país y a líderes como Ollanta Humala y Alejandro Toledo, además del propio Kuczynski.
Perú había conseguido atraer los focos de la inversión gracias a los avances de su economía, un ambicioso plan de infraestructuras y una situación política que se había alejado de los populismos. Sin embargo, los efectos de la 'tormenta Odebrecht' están empezando a dejarse notar con fuerza y amenazan con ser devastadores para la confianza en el país.
