El gigante francés SNFC, compañía pública de ferrocarriles en el país vecino, va a por todas en el proceso de la apertura del mercado español de transporte de viajeros por vía férrea, para competir con su equivalente en España, Renfe. La compañía pública gala ha contratado los servicios del prestigioso despacho de abogados Uría para dar servicio a Rielsfera, la sociedad que ha registrado recientemente en España para obtener una licencia y un certificado de seguridad que le permita operar en el mercado español a partir de 2020.
Como adelantó Vozpópuli, SNFC ha decidido dar el paso de participar formalmente en la liberalización del único segmento del mercado español que aún mantiene el escenario de monopolio con la creación de una filial participada al 100% por la división de viajeros del grupo francés. Según ha podido saber este diario, Rielsfera ha decidido contar con los servicios de Uría, uno de los más prestigiosos despachos jurídicos de España, con vistas a poner en marcha la sociedad y comenzar a trabajar para la obtención tanto de la licencia como del certificado de seguridad imprescindible para operar en el sector de viajeros.
Hasta ahora, SNCF figuraba como inscrita en el Registro Especial Ferroviario creado por Adif para dar curso a las peticiones de las compañías que quieren participar en el proceso de liberalización, aunque como sociedad que ya poseía licencia en otro estado miembro de la Unión Europea, en este caso, en Francia.
Los primeros pasos de SNCF en España han consistido en dotar a Rielsfera de una estructura de gobernanza con un pequeño consejo de administración, en el que ya figura un socio de Uría como secretario de dicho organismo.
Un gigante mundial
La compañía francesa es la primera empresa pública que se prepara para entrar en el mercado español para competir con Renfe, con lo que se hace realidad uno de los temores de la empresa que preside Isaías Taboas. Frente a la mayoría del resto de potenciales competidores, Renfe tiene a su favor tanto la experiencia como el conocimiento del mercado.
SNCF es una de las mayores empresas mundiales del mercado ferroviario, con unas cifras de ingresos que superan los 33.000 millones de euros y de beneficios en torno a los 1.250 millones de euros. El volumen global de su plantilla es de aproximadamente 150.000 trabajadores.
La liberalización del transporte de viajeros por vía férrea será un hecho a partir de 2020, fecha límite para la implementación en los estados miembros del llamado cuarto paquete ferroviario comunitario. Tanto España como Francia forman parte del extenso grupo de países que se han acogido a la prórroga prevista para abrir el mercado un año más tarde de lo inicialmente previsto, 2019.
Complejidad normativa
Entre las empresas que aspiran a entrar en el mercado existen múltiples dudas sobre cómo será su funcionamiento una vez que se rompa el monopolio. La normativa europea incluida en el cuarto paquete ferroviario, que establece entre otras cuestiones la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril para 2020 en todos los estados miembros, otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su correspondiente papel de organismo regulador.
Entre otros asuntos, la CNMC deberá determinar si la entrada de un competidor en una línea en la que Renfe tenga una obligación de servicio público penaliza en exceso la rentabilidad del incumbente en el corredor; en caso afirmativo, determinará que no podrá operar en esa línea. Precisamente, la CNMC ha dado recientemente su visto bueno a Ilsa para que pueda operar la línea Madrid-Montpellier, toda vez que el transporte de viajeros entre diferentes países sí está liberalizado.
El organismo analiza además la petición del operador de transporte Arriva, filial de la alemana Deutsche Bahn, interesado en prestar un servicio entre La Coruña y Oporto.
El hecho de que sea una apertura de mercado inédita hará que sea necesario un respaldo jurídico potente. SNCF no parece dispuesto a escatimar esfuerzos ni recursos.
