Los 9.584 millones de euros que los ayuntamientos han pedido al Gobierno para pagar facturas atrasadas pretenden aliviar las cuentas de las empresas acreedoras. Sin embargo, van a aliviar –sobre todo—a quienes las gestionan. El ICO y los bancos pueden ingresar hasta 2.300 millones en intereses por un “rescate” que servirá para “rescatar” también sus propios balances.

La fórmula que ha aprobado el Ejecutivo permite al consorcio que formarán ICO y bancos cobrar un interés del 5% a los ayuntamientos que soliciten fondos y que no devuelvan ninguna cantidad en los dos primeros años de ese crédito. En función de la fórmula que los ayuntamientos utilicen, acabarán pagando entre 997 y 2.334 millones en intereses.

El decreto aprobado por el gobierno dispone que la banca aportará el 54% de los fondos que se adelanten a los bancos y el ICO el 46% restante. De acuerdo con el esquema oficial hay dos plazos de repago previstos:

Los ayuntamientos pueden devolver sus fondos en 5 años y apurar los plazos. Si optan por esa amortización acelerada, las entidades bancarias ingresarán 538 millones de euros mientras que el Estado se embolsará 458 millones.

Por el contrario, si dilatan los plazos al máximo, podrán realizar sus pagos hasta en 10 años. Duplicar los plazos significa también duplicar los intereses que ICO y banca cobrarán por esos créditos. Según los cálculos de Vozpópuli, los bancos se embolsarían hasta 1.260 millones de euros por esos créditos, mientras que el Instituto de Crédito Oficial logrará unos 1.073 millones de beneficios.

Los alcaldes protestan por el diferencial de intereses

La ventana de liquidez que la banca ha recibido del Banco Central Europeo permite a las entidades captar fondos del BCE al 1%. Sin embargo, los créditos de esta operación serán recuperados al 5%. Ese diferencial ha provocado ya críticas de algunos alcaldes como el de Zaragoza que reprocha al ICO que no haya ajustado más los intereses que pagarán los consistorios.

Este esquema es "el negocio redondo de los bancos", denuncia Izquierda Unida

Izquierda Unida ha planteado incluso una alternativa de endeudamiento directo con el Estado sin la intermediación de la banca y su coordinador provincial en Guadalajara, José Luis Maximiliano, ha llegado a denunciar lo que ha calificado como “el negocio redondo de los bancos".