El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alertó este martes sobre la “competencia desleal” que puede llegar a presentar para el sector asegurador y banca el sistema del fondo de promoción pública anunciado por el Gobierno para alentar la creación de huchas colectivas para la jubilación, deslizando que no es descartable que, de ser así, haya que ir al Tribunal de la Competencia.
“Estaremos encima”, advirtió durante la presentación del ‘Informe Estamos Seguros 2019’ junto a la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, donde detalló de forma específica que, “en cierta medida, puede hacer competencia desleal” a las compañías que gestionan este tipo de productos de ahorro para el retiro.
“A mí me tendrán que explicar muy bien cómo se va a gestionar, quién lo va a gestionar”, agregó Garamendi, subrayando el riesgo que entraña un vehículo así, siendo público. “Si aquello fracasada no sé cómo se resolvería”, abundó.
Fondo abierto para pymes y autónomos
El Ejecutivo anunció que de aquí a un año creará un fondo público de empleo que facilitará la adhesión de trabajadores a planes de ahorro a largo plazo de aportación definida, en los que tanto empresa como trabajador realizarán aportaciones.
Este fondo estará abierto para cualquier tipo de trabajador de cualquier tipo de empresa, independientemente del sector o el tamaño, y cubrirá también a los trabajadores autónomos. Éstos se podrán acoger a los beneficios de los planes de empresa, según ha confirmado a Vozpópuli el Ministerio de Seguridad Social.
La entidad gestora y depositaria del fondo se elegirán por concurso público y cualquier empresa y trabajador podrán incluirse en el sistema.
Subida del 25%
A juicio de Garamendi,lo que habría que hacer es “arropar de una forma especialmente importante” a un sector que, además de garantizar aseguramiento frente a riesgos, tiene suscritos productos de ahorro con 2,5 millones de autónomos. “¡Cuidado con tocar este sector! porque tocar este sector es tocar la economía española”, avisó, alertando al respecto de que las medidas anunciadas por el Gobierno implican “bastantes inconvenientes y dudas”.
De forma específica criticó dos: la subida en los impuestos sobre las primas a los seguros y la bajada del límite desgravable desde los 8.000 a los 2.000 euros en los planes de pensiones privados individuales. En su opinión “no son la fórmula ni la solución” y se aplican con el único objetivo de recaudar más a corto plazo.
Por un lado, indicó de forma específica que la subida del 25% en los impuestos a las pólizas de seguro “no nos parece lo más adecuado” y “más bien deberíamos estar jugando el papel contrario”. En este sentido defendió que el “sector asegurador se convierte en una actividad esencial y como tal, debieran las autoridades tenerla en cuenta”, recordando además su rol en la sanidad privada. “Curiosamente, estamos yendo en sentido contrario a las agujas del reloj”, advirtió.
Para Garamendi también es “poco entendible” el “hachado fiscal” que se ha dado para los planes de pensiones individuales privados. “Se entiende con una voracidad fiscal de corto plazo para recaudar más este año”, aseguró y avisó sobre lo que puede ocurrir con esta hucha que debía construirse para complementar las pensiones públicas “y veremos al final del año”. “Sinceramente creo que simplemente tiene un interés fiscal”, denunció.
El presidente de CEOE defendió que el sector asegurador es “un valor muy importante para la economía española”, “fundamental para la seguridad y estabilidad financiera de un país”, indicando a título que solo con las empresas cubre riesgos asegurados por valor de 2,3 billones de euros.
Por su parte la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, consideró “un grave error que tendrá graves consecuencias” reducir el beneficio fiscal en los planes de pensiones individuales. Indicó que “no es algo que se vaya a producir mañana o pasado mañana”, pero avisó que “no nos lo van a poner nada fácil a la España de dentro de diez o quince años”, precisamente cuando deberá solucionarse la situación creada ahora y cuando el país más ahorro necesitará.
González de Frutos recordó que el sector asegurador es una actividad “fuertemente regulada” y sometida a supervisión pública, de forma que “cuando el sector tiene el deseo de avanzar en una dirección, si las leyes no van a esa misma dirección el movimiento no se producirá”.
Avisó de que España tiene un déficit de ahorro obvio para el retiro ya que solo entre un 10 y 15% de los trabajadores del país están construyendo previsiones de jubilación, mientras el resto no lo hace. Señaló que no es la realidad de países como los Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda o Australia donde sus leyes sí “acompañan a este objetivo” de fomentar el ahorro. “En España se ha decidido, sin embargo, tomar el camino contrario”, lamentó.
