El Gobierno tiene previsto blindar por ley la subida de las pensiones para garantizar que no pierden poder adquisitivo, pero al mismo tiempo quiere desincentivar las jubilaciones anticipadas reformando el sistema de penalizaciones, lo que en la práctica supondrá una bajada de la pensión para los trabajadores que cobran rentas altas y se jubilan antes de tiempo.
Actualmente, la penalización para los que se jubilan antes de la edad legal es del 8%, pero ese porcentaje se aplica sobre la base reguladora y no sobre el total de la pensión. Dado que las pensiones máximas para los que más cobran están topadas, un 8% de su base reguladora es un porcentaje mucho menor (de en torno al 2%-3%) sobre el total de su salario.
Esto supone que los que más ganan tienen una menor penalización si se jubilan antes de tiempo que los que tienen sueldo más bajos, lo que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, considera "contrario a lo que proclama un Gobierno socialista" por ser un sistema regresivo.
Su propuesta consiste en modificar este sistema de desincentivos para que el porcentaje se aplique sobre la pensión a recibir, lo que supone que en la práctica la pensión que recibirán estas personas será mucho menor.
El sistema actual beneficia a los que más ganan
Esta distorsión se puede ver con un ejemplo. Si tomamos un trabajador que tenga 44,5 años cotizados y haya tenido ingresos elevados en su vida laboral, le corresponderá una pensión anual de 37.566 euros al año si se jubila a los 65 años. En caso de que decida jubilarse a los 63, dos años antes, su pensión bajará a los 36.923 euros al año, un 4% menos.
Sin embargo, si ese mismo trabajador con 44,5 años cotizados ha tenido sueldos más bajos y le corresponde una pensión de 17.920 euros al año, el hecho de jubilarse anticipadamente a los 63 le reducirá la pensión hasta los 15.590 euros, lo que supone una caída del 13%. Este último sufre una penalización mucho más alta que el primero.
