El Estado se blindará ante las derivadas regulatorias de su entrada en Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tomó el 10% de la teleoperadora para cumplir el mandato del Gobierno, ha lanzado una licitación para contratar a un asesor legal que le permita cubrirse del riesgo de demandas en Estados Unidos, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes jurídicas.
La sociedad estatal alcanzó el objetivo del 10% el pasado mes de mayo para contrarrestar el desembarco de STC Group, empresa propiedad de la familia real saudí. Tras una inversión de unos 2.300 millones de euros, el Estado se sienta en el consejo de administración de Telefónica con un representante. Se trata de Carlos Ocaña Orbis, amigo de Pedro Sánchez y coautor del libro de la tesis del presidente del Gobierno.
“Asesoramiento respecto a la potencial responsabilidad de la ‘control person’ y sus implicaciones para Sepi y para sus eventuales representantes en el consejo de administración (por ejemplo, en relación con posibles demandas futuras contra la compañía)”, especifica la Sepi en uno de los puntos del pliego de condiciones del concurso. Un servicio que tiene que ver directamente con la entrada en Telefónica, como interpretan fuentes jurídicas conocedoras de la regulación bursátil en Estados Unidos.
La figura del ‘control person’ no es otra cosa que la persona física o jurídica que está sujeta a reglas especiales de la SEC, el regulador del mercado bursátil estadounidense. Se impone al adquirir acciones de una compañía que representan el 10% o más del capital o a personas que ocupan un cargo como funcionario o ejecutivo en una sociedad con capacidad para influir en la toma de decisiones. En el caso de la Sepi, tendría que ver con la primera consideración y se relaciona directamente con Telefónica, según las fuentes consultadas.
Responsabilidad de perjuicios
El principio de responsabilidad del ‘control person’ considera responsables a este tipo de personas o sociedades del daño que pueda causar la actividad de la compañía a terceros, como por ejemplo a los clientes. Es decir, si una empresa no ejerce un cuidado razonable al controlar sus actividades y causa un perjuicio a terceros, el ‘control person’ puede ser considerado responsable por no gestionar adecuadamente los asuntos de la empresa, como señalan fuentes jurídicas.
Telefónica cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1987. Lo hace a través de los conocidos como American Depositary Receipt (ADR), un certificado negociable en Estados Unidos que representa la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera del país. También generan el derecho a dividendos, cuyo pago es en dólares americanos.
Los ADR están diseñados para facilitar la compra, tenencia y venta de títulos extranjeros por parte de inversores estadounidenses y ofrecen un instrumento financiero para las sociedades extranjeras. Telefónica también cotiza en la Bolsa de Lima con ADR desde el año 2000. A 31 de diciembre de 2023, los de ambos países representaban en total el 2% del capital de la teleoperadora.
Plazos y montante
El asesor legal también tendrá que encargarse de la divulgación y el reporting de la figura del ‘control person’ recogidas en el informe anual 20F, un requerimiento del regulador de Estados Unidos a las empresas extranjeras.
El plazo de presentación de ofertas para pujar por este contrato de Sepi se cierra mañana, 25 de octubre. El valor asciende a 116.160 euros, incluyendo el IVA, e implica prestar el servicio de asesoramiento desde el próximo mes de diciembre y durante todo el ejercicio de 2025.
La irrupción de Araba Saudí en septiembre de 2023, con la toma de un 9,9%, ha provocado movimientos sin precedentes en el accionariado de Telefónica. Moncloa intentó desde un primer momento movilizar a inversores españoles como contrapeso, pero al final se decidió por volver a entrar en la teleoperadora más de 20 años después de su privatización. CriteriaCaixa, el holding inversor de la Fundación La Caixa, también movió ficha en el tablero y redobló su participación hasta el 10%, lo que le puede abrir la puerta a tener otro consejero más.
