El Gobierno está dispuesto a sacar adelante el polémico 'impuestazo' cueste lo que cueste. Incluso, pasando por encima del criterio de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). Una y otro tienen claro que la aplicación de 'tasas' extraordinarias a energéticas y bancos obedecía a una causa mayor: las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Hoy día no existen motivos que justifiquen la prolongación de ambos impuestos, salvo el meramente recaudatorio.
Esa certeza ha llevado a los gabinetes jurídicos de las compañías afectadas a empezar a armar la ofensiva legal. Fuentes internas de varias multinacionales aseguran que aún es pronto para concretar cómo combatirán la afrenta de Moncloa. Dependerá de cómo canalice Hacienda la aprobación. La complejidad del proceso, al no tener totalmente garantizados los apoyos parlamentarios, ha obligado al Ejecutivo a posponer la aprobación. De momento, hasta el 30 de octubre. Hay dos vías: incluirlo en una enmienda usando al trasposición de una directiva europea, o tirar de real decreto.
En cualquier caso, el Gobierno no contempla otro escenario que no pase por tener aprobado el impuestazo antes del 31 de diciembre. Es la manera de garantizarse que los afectados tributarán por los ingresos percibidos. Del primer examen realizado por los abogados de las compañías energéticas se desprende que el impuesto carece de fundamento jurídico. Fuentes próximas a una de las multinacionales aseguran es "incompatible, por discriminatorio, con la Constitución española y, también, con el Derecho Comunitario". Aseguran que no se ajusta a los requisitos del ordenamiento de la UE, tanto en cuanto al diseño de la base imponible como, a su naturaleza temporal.
Los equipos jurídicos de las energéticas hablan con conocimiento de causa. Recuerdan que en un informe publicado en 2023, la Comisión Europea propuso abiertamente poner fin a los impuestos temporales. El Ejecutivo comunitario ya tenía claro entonces que la duración de este tipo de cargas debe estar "vinculada a una situación de crisis específica". Además, advertía de que la implementación "tan dispar" de estos impuestos en los estados miembros "generó incertidumbre entre los inversores".
Las advertencias del BCE
La visión del BCE es similar. En otra nota publicada en septiembre de 2023, relacionada con medidas fiscales aprobadas en Italia, la institución hacía alusión a la posición que trasladó en su informe vinculante sobre el impuesto español a la banca. La reflejó en un dictamen emitido el 2 de noviembre de 2022. El BCE exponía una batería de 'pegas', exigía al Gobierno realizar primero un análisis "exaustivo" sobre las consecuencias, y advertía sobre su impacto en los productos financieros (hipotecas o depósitos) y la solvencia de las entidades. "El importe del gravamen temporal podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito", señalaba, entre otras apreciaciones, el BCE.
"Siempre hemos dicho que este tipo de gravámenes e impuestos no deberían perjudicar los préstamos, no deberían perjudicar el crecimiento y no deberían dañar la solvencia de los bancos", aseguraba el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, hace justo un año. "No sé qué va a pasar con el caso español, si se va a prorrogar o no. Pero los principios de nuestra evaluación con respecto a este tipo de impuestos, están bastante claros", señaló.
El Gobierno decidió en aquellas fechas prorrogar tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas. Sin embargo, la pretensión actual supone ir un paso más allá, al intentar convertir en permanente lo que nació como provisional. Desde las compañías se insiste en el objetivo puramente 'confiscatorio' del 'impuestazo'. La recaudación de este año rondará los 2.900 millones, sumando lo ingresado de las energéticas y de los bancos. La cifra es muy similar a la del año anterior.
Impacto en las inversiones
Mientras las empresas afectadas preparan su estrategia jurídica, alertan de la gran consencuencia que tendrá el incremento de la presión fiscal: la paralización de inversiones o el traslado de proyectos previstos en España a otros países, con Portugal como destino preferente. Referentes industriales como Repsol o Cepsa tienen en marcha grandes planes de inversión ligados a la transición energética que impulsa -ahí está la paradoja- el Gobierno. Si el 1 de enero de 2025, el 'impuestazo' sigue en vigor -y para siempre- replantearán su estrategia en España.
"No hay debate. No hay un análisis riguroso de las consecuencias. No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales", escribía este martes en La Vanguardia el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. En el artículo, titulado 'Industria o populismo', advertía de "las consecuencias reales que un 'impuestazo' de este tipo provoca en la economía real". Y confesaba su repugnancia por "la demagogia en torno a las cuestiones fiscales".
