Mariano Rajoy ha financiado con 30,1 millones de euros a la Obra Pía de los Santos Lugares, una fundación pública nacida para “dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos”. Los Presupuestos Generales de 2015 incluyen, por primera vez, la financiación con dinero público de una fundación dirigida por religiosos y que tiene como fin “mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa”, el término que la Iglesia utiliza para designar a Israel, Palestina, Turquía, Siria y Egipto.
La Obra Pía de los Santos Lugares ha pasado a cargarse al erario público por primera vez, por mandato de la Ley de Racionalización de la Administración: la norma tenía como finalidad reducir el número de organismos públicos pero ha terminado incorporando al Estado organismos religiosos como este mediante un Real Decreto publicado en el BOE del 17-09-14. Su partida se carga ahora a la memoria de “Entidades del sector público sin personalidad jurídica”, es decir, el mismo grupo en el que se incluyen la CNMV o el Centro de Investigación Biomédica. La Obra no sólo pasa a depender del erario público sino que también ha recibido una subvención de 33.000 euros a cargo del Ministerio de Exteriores para “financiar gastos del ejercicio”.
La institución ha sido históricamente una anomalía que la Iglesia y el Estado han usado de manera conjunta para gestionar un enorme parque inmobiliario que incluye unos 40 inmuebles con 400 unidades inmobiliarias entre pisos y locales en las mejores zonas de Roma. Esa inmobiliaria privilegiada permite al Gobierno y a la Iglesia alquilar pisos a discreción sin dar ninguna explicación y a precios muy inferiores a los del mercado en zonas de lujo hasta convertirse, de facto, en un objeto de tráfico de favores. Ahora, sus actividades pasan a depender del erario público.
Dinero público para beneficio privado
Organizaciones como Europa Laica han denunciado que “el Estado está cediendo la gestión y enajenación de inmuebles de titularidad pública a un organismo autónomo público en el que trabajan funcionarios públicos pero que está dirigido por religiosos. La función de este organismo es desviar los ingresos de estos inmuebles a organizaciones eclesiásticas”.
El presupuesto que el Gobierno ha incluido en las cuentas públicas para 2015 refleja ya que la Obra Pía ha comenzado a realizar algunas ventas de inmuebles puesto que anota ingresos por valor de 6,3 millones de euros por “venta de inversiones reales”. La fundación ha perdido este año 2,5 millones de euros en su gestión ordinaria y sólo ha registrado beneficios por esa venta extraordinaria de inmuebles. A partir de ahora, será el Estado el que corra con las derramas del organismo.
La Obra Pía financiada con dinero público se creó para “dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos”
Sin embargo, pese a que el erario público pasa a costear la cuenta de resultados de la institución, el BOE concede a los religiosos que la integran “plena capacidad para adquirir y enajenar sus bienes” y sólo fija la obligación de informar diciendo que “cuando se trate de bienes inmuebles, lo comunicará previamente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas” sin requerir su consentimiento. De hecho, pese a que en la actualidad la Obra se rige por una junta de siete personas de las que cuatro son designadas por el Ministerio de Exteriores, el Vaticano sigue siendo consultado en los nombramientos y los religiosos que la gobiernan no podrán ser sustituidos hasta su muerte. Así lo fija la legislación aprobada por el Ejecutivo que establece que “el actual personal propio contratado en régimen de derecho laboral por la Obra Pía de los Santos Lugares tendrá la consideración de «a extinguir», amortizándose los puestos de trabajo que actualmente ocupa el mismo cuando queden vacantes por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal”.
Las cuentas de la Obra Pía
El año pasado, la fundación ingresó 6,3 millones de euros por la venta de inmuebles y otro millón y medio de euros por la venta de acciones pero ha gastado 5,5 millones de euros en invertir en “activos financieros” por las que ha cobrado 237.000 euros en dividendos.
Ese organismo seguirá gozando de tratamiento fiscal privilegiado puesto que la normativa aprobada por el Gobierno fija que "el régimen tributario de la entidad será el previsto para las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo".
