Los grandes fondos de inversión internacionales no solo invierten movidos por las cifras de revalorización que esperan obtener de las compañías. Hay cuestiones de gobierno corporativo que tienen muy presentes a la hora de decidir dónde colocar su dinero. La forma de realizar los nombramientos de los consejeros, la relación fluida del equipo gestor de la empresa con los inversores institucionales e incluso temas relacionados con la responsabilidad social corporativa o el medio ambiente pueden influir a la hora de invertir en una empresa.
Las empresas españolas están siendo cada vez más conscientes del papel que desempeñan estos grandes inversores con su voto en numerosas juntas de accionistas, donde dejan sentir su disconformidad con determinadas decisiones. El último ejemplo se ha visto en la última junta de accionistas de ACS, celebrada a finales de abril.
Aunque su voto en numerosos ocasiones es solamente testimonial, porque no suelen controlar el porcentaje suficiente como para frenar determinadas propuestas, sí que muestra claramente su malestar. Un malestar que no suele trascender el propio ámbito de la junta de accionistas, pero que representa un toque de atención.
Entre los grandes inversores institucionales se encuentran los fondos de pensiones, las compañías aseguradoras, las gestoras de fondos de inversión e incluso fondos soberanos.
El caso más llamativo es el de BlackRock, una de las grandes gestoras internacionales con más presencia en las compañías cotizadas del Ibex, cuando publicitó el año pasado una carta enviada a la CNMV donde pedía ciertos cambios en el gobierno corporativo de las empresas españolas, como un mayor número de consejeros independientes. Que una firma con más de cuatro billones de dólares en activos bajo gestión a nivel global se preocupe de redactar una misiva al regulador de un país muestra cuáles son sus líneas maestras de actuación.
Entre los grandes inversores institucionales se encuentran los fondos de pensiones, las compañías aseguradoras, las gestoras de fondos de inversión e incluso fondos soberanos, como el más conocido de Noruega. Los fondos de pensiones, muy importantes en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Holanda o Suiza, suelen tener las políticas de inversión más 'restrictivas' a la hora de emitir su voto mientras que el resto pueden ser más flexibles atendiendo a las circunstancias históricas de cada compañía. Casi todos estos grandes inversores cuentan ya con un departamento de gobierno corporativo que asesora al director de inversiones, y aunque su decisión no es vinculante, sí que puede decantar la balanza por una empresa en lugar de otra en igualdad de condiciones.
Decisiones como una ampliación de capital, la remuneración de los consejeros o la elección de algunas personas para este cargo, el cambio de estatutos para blindar una empresa o la posibilidad de emitir bonos convertibles -por la dilución que supone para los accionistas- son algunos de los ejemplos más claros de que contarán con el voto negativo de los grandes fondos internacionales. E incluso a largo plazo buscarán su salida de estas compañías.
El año pasado la reelección de Antonio Huertas como presidente de Mapfre, la de Ana Patricia Botín como consejera del Santander o la de Carlos Espinosa de los Monteros como consejero de Inditex fueron rechazadas.
Atendiendo a las circunstancias de cada compañía y su tránsito hacia otro modelo corporativo más acorde con su estrategia de inversión o la existencia de una mayor cercanía del equipo gestor con los inversores para explicar y razonar sus propuestas, puede propiciar una mayor comprensión por parte de estos inversores. Pero el veredicto puede ser el mismo.
El año pasado, por ejemplo, la reelección de Antonio Huertas como presidente de Mapfre; la de Sol Daurella como consejera del Banco Sabadell; la de Ana Patricia Botín como consejera del Santander; o la de Carlos Espinosa de los Monteros como consejero de Inditex fueron rechazadas; así como la autorización para ampliar capital en Ferrovial, Abengoa, ACS o Repsol fueron algunas de las propuestas rechazadas por los grandes inversores institucionales presentes en el accionariado de estas compañías.
En algunos países como Francia o Reino Unido, el voto en contra de alguno de estos grandes inversores institucionales ha forzado un cambio en la propuesta inicial de la compañía o directamente la ha frenado.
