Más de 1.000 millones de euros tienen presupuestados los diversos ministerios, instituciones y organismos públicos para subcontratar a empresas privadas y profesionales en la prestación de servicios como la elaboración de estudios y la realización de trabajos técnicos, y también en la contratación de seguridad privada.
En algunos casos se trata de asistencia informática, pero siempre han existido dudas sobre si estos trabajos, entre los que se incluye la elaboración de informes y estudios, podrían realizarse por la propia Administración, que cuenta con casi 600.000 efectivos. Entre los beneficiarios figuran desde las empresas de consultoría a bufetes y despachos profesionales. La revisión de estas partidas y su eficiencia de gasto es irrenunciable.
Por ejemplo, llama la atención que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tenga un presupuesto de 14,2 millones para la contratación de estos servicios privados, entre los que se incluye 739.000 euros de "asistencia técnica externa para la gestión de ayudas de la UE".
Por su parte, el organismo Jefatura Central de Tráfico (Interior) gasta más de 10 millones en contrataciones privadas de forma directa, pero hay que añadir 10,1 millones más que cuesta el sistema de tratamiento de denuncias automatizadas, o los 5,1 millones de medidas de regulación de tráfico así como "otros" encargos genéricos con un gasto previsto de otros cuatro millones.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) consigna para esta función 31,5 millones, un tercio de ellos corresponde al Programa de Prestaciones de los Desempleados que se hace en el exterior. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Agricultura) dispone de 645.000 euros, de ellos 200.000 son para gastos de gestión en empresas privadas por la concesión de ayudas de daños causados por los temporales. Además, el Fondo Español de Garantía Agraria destina 1,7 millones para los trabajos realizados por entidades privadas en el Plan Nacional de Desarrollo Rural. Y la Oficina Española de Patentes y Marcas (Industria) dedica 8,2 millones para estos trabajos contratados en el Programa de fomento de solicitudes de patentes.
El presupuesto de Exteriores para este concepto de 16,5 millones mientras que Trabajo llega a los 16,3 millones; Ciencia e Innovación ser acerca a los 12,2 millones; y Hacienda se gasta 10 millones
Defensa es el ministerio que más se gasta en subcontratar estos servicios. Sólo el Ministerio dispone de más de 76 millones. Las partidas de sus organismos también son importantes. Más de 15,3 millones emplea en estas contrataciones el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terradas mientras que el Instituto de la Vivienda militar gasta más de 3,5 millones. Le sigue Interior con un presupuesto de casi 60 millones, sumando a Instituciones Penitenciarias. Ciencia e Innovación, con la inclusión del CSIC, tiene un gasto estimado de más de 47 millones.
El presupuesto de Exteriores para este concepto de 16,5 millones mientras que Trabajo llega a los 16,3 millones; Ciencia e Innovación ser acerca a los 12,2 millones; y Hacienda se gasta 10 millones (la Agencia Tributaria dispone aparte de 33,4 millones). Los ministerios con transferencias realizadas a las autonomías también tienen habilitadas estas partidas de gasto: Educación emplea 18,8 millones (incluye programas de investigación y escuelas de idiomas) y Sanidad 5,2 millones.
El Constitucional se gasta 1,3 millones
Sorprende, por otra parte, que el Tribunal Constitucional se gaste 1,3 millones en estos servicios privados. Lo mismo sucede con las subcontrataciones del CGPJ (6,8 millones); los 24,3 millones del Instituto Cervantes; los 17,7 millones de la Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; los 13,9 millones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; los 6,2 millones del Instituto Español de Oceanografía; los 6,1 millones de los Parques Nacionales; los 5,9 millones del Consejo Superior de Deportes; los 4,6 millones del Museo nacional Centro de Arte Reina Sofía.
También sorprenden los 2,4 millones del Instituto de la Mujer; los 2,2 millones de Consejo de Administración del Patrimonio Nacional; los 2,2 millones de la Agencia Estatal del BOE; los 1,9 millones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; los 1,3 millones del Instituto de la Juventud; los 1,6 millones del Instituto de Reestructuración de la Minería de Carbón; los 1,3 millones de la Biblioteca Nacional; los 576.000 del Instituto de Cinematografía; los 450.000 del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación; los 436.000 euros del Comisionado para el Mercado de Tabaco; los 374.000 del Centro Nacional de Información Geográfica; o los 315.000 del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música. La lista es inmensa.
En seguridad privada los ministerios se gastan más de 300 millones. Curiosamente, los departamentos "uniformados", Defensa e Interior, son los que más presupuesto destinan a esta contratación de efectivos del exterior mientras disponen de 35.000 prejubilados que cuestan al erario público casi 1.000 millones de euros. A su vez siguen convocando nuevas plazas. Se trata del personal excedente de las plantillas y de segunda actividad y reserva. Siguen cobrando del Estado hasta su jubilación oficial y la percepción es compatible con cualquier otra remuneración del sector privado.
Es indudable que la gestión en materia de personal en el sector público ofrece muchas lagunas y no tiene nada que ver con lo que sucede en el sector privado. Interior cuenta con un gasto cercano a los 60 millones y Defensa se aproxima a los 30 millones. La Agencia Tributaria consigna un gasto de 18,3 millones.
La mayoría de ministerios cuentan con este servicio
La mayor parte de los ministerios y organismos tienen este servicio. Sorprende, entre otros, que el servicio de Contratación Centralizada de la Administración Central gaste en seguridad privada 32 millones. También llama la atención: los 3,1 millones del Instituto de la Vivienda de Defensa o los 530.000 euros de su Instituto Social de las Fuerzas Armadas; los 18,9 millones del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional; los 2,9 millones dela Jefatura Central de Tráfico; los 2,3 millones del Instituto Cervantes; los 2,1 del Instituto de Investigación Energética; los 1,3 millones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; los 600.000 de la Oficina de Patentes; los 673.000 del Instituto de Cinematografía; los 440.000 del Instituto Geológico y Minero; los 357.000 del Instituto de Turismo; o los 310.000 del Instituto de la Juventud.
Los Presupuestos son además un puzzle de partidas cargadas de sorpresas y contraprestaciones inusuales respecto al sector privado. Abundan las dotaciones para premios extraordinarios de jubilación de empleados públicos, remuneraciones llamativas e indemnizaciones a ex altos cargos por cese o salida, los premios de toda índole a las actividades, o incluso toda una gama de préstamos fuera del sector público que se supone que son recuperables (se consideran en su mayor parte activos financieros) aunque no se mencione el destinatario.
La gama de premios es infinita aunque no son muy significativos en su volumen individual
El Senado dispone de 25.000 euros para realizar préstamos a corto plazo para "familias e instituciones sin ánimo de lucro". Lo mismo sucede con Defensa (2,8 millones); Hacienda (604.000) euros); Fomento (154.000); Industria (111 millones para empresas del sector turístico); Agricultura (124.000 euros); Cultura (230.000); Sanidad (108.000); Economía (222.000); la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (180.000); Ciencia e Innovación (239.000); o los 1,2 millones de la Jefatura Central de Tráfico. Por su parte, Industria gasta 58,5 millones para compensar los intereses de los préstamos para la construcción naval de empresas privadas.
La gama de premios es infinita aunque no son muy significativos en su volumen individual: Premio Nacional de Ingeniería Civil (32.000 euros); de Arquitectura (60.000); literarios (417.000); de tauromaquia (30.000); a proyectos de formación dual (250.000); al pequeño comerciante (5.000); a las asociaciones de comerciantes (5.000); Bartolomé de las Casas (50.000); Palacio de Viana (36.000); a certámenes de promoción de la investigación entre jóvenes (421.000); o los premios Injuve del Instituto de la Juventud (215.000).
Indemnizaciones, contribuciones y pensiones
El abanico de indemnizaciones, contribuciones especiales y pensiones compensatorias también es importante.
El Tribunal Constitucional tiene 154.000 euros para la remuneración de transición a magistrados; la sección de clases pasivas tiene una partida de 2,4 millones para pensiones a ex ministros y excepcionales; la dotación para expresidentes del Gobierno es de casi 300.000 euros; la indemnización a ex miembros del Gobierno y ex secretarios de Estado es de 960.000 euros; la de ex altos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es de 400.000 euros.
La dotación para la indemnización a ex presidentes y consejeros de la CNMC es de 428.000 euros y la Mutualidad General Judicial dispone de 8,5 millones para subsidios e indemnizaciones mientras que la partida de la Mutualidad de Funcionarios Civiles supera los 157 millones.
Por otra parte, Defensa habilita 400.000 euros para pensiones de carácter militar; Fomento cuenta con 325.000 para premios de jubilación al personal del departamento y 56.000 más para ayudas de jubilación al personal del CEDEX y del Centro Nacional de Información Geográfica; Industria cuenta con 7.000 euros para pensiones de carácter civil; Política Territorial y Función Pública dispone de 15.000 euros para pensiones a funcionarios; la Agencia Tributaria añade 60.000 euros para pensiones a funcionarios; Cultura tiene 80.000 euros para pensiones compensatorias.
Por su parte, la Mutualidad General Judicial emplea 681.000 euros para el subsidio de jubilación así como 2,3 millones más para pensiones a funcionarios y familias mientras que la Mutualidad de Funcionarios Civiles alcanza los 4,3 millones; el Instituto Social de las Fuerzas Armadas acumula casi un millón de euros para pensiones de carácter militar y familiares; el Consejo de Patrimonio Nacional gasta 110.000 en pensiones de su personal laboral; y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dispone de 18.000 euros para premios de jubilación.
Los Presupuestos Generales del Estado, y los del resto de Administraciones Públicas, necesitan una profunda revisión
Lo mismo sucede con el CSN (75.000 euros). Hay más ayudas de esta índole: el Instituto de la Vivienda de Defensa tiene una partida de 54 millones para compensar la carencia de vivienda y casi otro millón para indemnizar por desalojo. Y la Agencia Tributaria dispone de 2,9 millones para indemnizaciones por residencia.
Una profunda revisión
Los Presupuestos Generales del Estado, y los del resto de Administraciones Públicas, necesitan una profunda revisión, sobre todo cuando la sociedad demanda mayores aportaciones sanitarias y sociales y la economía se resiente ante la necesidad de un cambio de modelo productivo.
¿Para qué sirven muchas de estas partidas?, ¿cumplen algún objetivo?, ¿generan actividad y competitividad?, ¿son productivos?... Son algunas de las preguntas que deberían ser respondidas a la hora de cambiar la actual estructura y elaborar los Presupuestos que necesita el país.
