La deuda de la Seguridad Social experimentará este mes una subida próxima al 9% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico: alrededor de 126.000 millones de euros. Es la consecuencia del préstamo que ha concedido el Estado, como en años pasados, para pagar la 'extra' de las pensiones en noviembre. La factura se ha duplicado, alcanzando los 25.500 millones sólo en el caso de las contributivas, a lo que hay que sumar las nóminas de las clases pasivas y de las no contributivas. Este gasto público equivale al de todo un año en infraestructuras y defensa.
Tal y como está previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el Consejo de Ministros autorizó el pasado 15 de octubre la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 10.004 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado, al estar los Presupuestos prorrogados. A diferencia de lo que ocurrió hace un año, la Seguridad Social no se ha hecho eco de esta concesión, pero fuentes del Ministerio confirman la cantidad.
En aquel momento se explicó que este préstamo es necesario para el pago puntual de la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, y se reflejará en la deuda que acumula la Seguridad Social. Según los datos difundidos por el Banco de España, a cierre de septiembre se situaba en los 116.171 millones de euros. Se ha mantenido estable en esa cifra desde noviembre del año pasado, cuando creció en 10.000 millones de euros (un 9%) por el préstamo que concedió el Estado "para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario".
El nuevo préstamo, que se reflejará en la estadística que actualizará con datos de noviembre el Banco de España el próximo 17 de enero, elevará la deuda de la Seguridad Social en la misma medida, hasta previsiblemente rebasar los 126.000 millones de euros. Hace dos años, en noviembre de 2022, tras aprobar el Gobierno un préstamo del Estado por 6.982 millones de euros con el mismo fin, la deuda de la Seguridad Social rompió la barrera de los 100.000 millones de euros, de los que se aleja cada vez más.
La escalada del gasto en pensiones
El gasto público en pensiones ya supera los 200.000 millones de euros anuales, tras aumentar en unos 50.000 millones en los últimos cinco años, como consecuencia de la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. Coincidiendo con la crisis inflacionista, desde 2022 las pensiones se revalorizan conforme a la variación del IPC en el año anterior. Esto ha acarreado subidas del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023 y del 3,8% en 2024.
En enero de 2025 el Gobierno ya perfila otra subida del 2,8% en las contributivas, que será superior a esa cifra en las mínimas y no contributivas. Esto añadirá más tensión a las cuentas de la Seguridad Social. Las revalorizaciones de 2025 se traducirán en unos 7.000 millones de euros más de gasto anual, a lo que que habría que sumar el coste que acarreará el aumento en el número de pensionistas por la jubilación de los babyboomers o el efecto sustitución (los nuevos pensionistas entran al sistema con prestaciones más altas que los que salen).
Con la subida del 2,8% prevista para 2025, que se confirmará este jueves cuando el INE publique el dato de IPC de noviembre, la pensión máxima superará los 45.000 euros anuales (unos 3.266 euros al mes) y la pensión media, los 18.000 euros (unos 1.300 euros al mes). Por su parte, la pensión media de jubilación, que en 2024 habrá superado la barrera de los 20.000 euros anuales al situarse en octubre en los 1.447 euros mensuales, rozará en 2025 los 1.500 euros mensuales y superará los 20.700 euros anuales.
Salvo que se adopten medidas adicionales, la deuda de la Seguridad Social está condenada a seguir creciendo. Los ingresos vía cotizaciones sociales sólo cubren alrededor de un 70% del gasto, siendo necesario el apoyo del Estado para pagar las pensiones cada mes. En 2023 el sistema sufría un déficit del 0,6%, que aumentaría al 3,8% si no se hubieran tenido en cuenta los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ni las transferencias del Estado, según los cálculos de Miguel Ángel García, investigador de Fedea.
La reforma pretende recuperar el Fondo de Reserva (conocido popularmente como 'hucha de las pensiones') a través de las cotizaciones al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Tras años de sequía, ya acumula cerca de 10.000 millones de euros, pero esos ingresos se plantean como un ahorro a futuro y no estarán disponibles hasta 2032. En este sentido, desde Fedea han advertido de que "la supuesta aportación al Fondo de Reserva carece de sentido pues no representa una reducción de la deuda neta del sistema, que sigue aumentando".
