El gran comercio ha denunciado en repetidas ocasiones que existe una avalancha regulatoria en España que ahoga al sector. Desde leyes ecologistas hasta presión burocrática, pasando por su propio 'Gran Hermano'. La última medida del Gobierno, anunciada a raíz de la DANA que ha arrasado Valencia, ha sido la creación de un 'permiso climático', que consiste en que los trabajadores tendrán cuatro días libres en caso de que haya alertas por problemas meteorológicos.
Este permiso, enmarcado en el tercer paquete de medidas urgentes frente a la DANA del 28 de octubre, ha sentado mal en el sector de la distribución y el gran consumo, porque consideran que se suma a una larga lista de leyes "sin sentido" que perjudican el crecimiento de las empresas. De hecho, fuentes del sector no han dudado en calificar la medida de "esquizofrénica", en línea con la excesiva regulación medioambiental, que, según han denunciado estas mismas fuentes, durante la próxima legislatura europea se endurecerá con otras 600 nuevas reglas.
Como ejemplo para justificar su indignación por este 'permiso climático' se han referido al caso de Madrid. "En 2023, hubo aproximadamante 30 alertas rojas, aquellas que implican reducciones de movilidad, solo en la Comunidad de Madrid. Si por cada alerta roja se dan cuatro días de permiso, son 120 días por año y trabajador que tienen que ser asumidos por las empresas".
Por ejemplo, las empresas de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que representa a gigantes del sector como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Tendam o Ikea, cuentan con 59.868 trabajadores en la Comunidad de Madrid. Si se aplicaran esos supuestos 120 días por cada uno de ellos, en total, estas empresas perderían 7.184.160 jornadas laborales. "¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que cada vez que se establezca una medida en este sentido, venga de la mano de un análisis de impacto socioeconómico. Es una locura", señalan diversas fuentes del sector.
El 'Gran Hermano' de la Distribución
El 'permiso climático' no ha sido la única (nueva) crítica que ha realizado el sector. En este sentido, desde Anged han señalado este lunes, durante la presentación del 'Informe Económico del Comercio 2024', un "nuevo ejemplo de coste regulatorio", muy similar al 'Gran Hermano' del sector turístico.
Se trata de la Nueva plataforma electrónica de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una orden ministerial publicada en septiembre, que entrará en vigor en enero de 2025 y que se aplicará al comercio a partir de julio. Según explican desde Anged, se trata de una base de datos sobre recogida y tratamiento de residuos, que "pretende garantizar la trazabilidad de estos residuos".
Los comercios tendrán que introducir en un sistema informático los datos de entrada y salida de cada uno de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que entregan en las tiendas sus clientes; imprimir una etiqueta y pegarla al aparato.
Sin embargo, denuncian desde la Asociación, se ha convertido en auténtico 'Gran Hermano', por el enorme coste de gestión. "Las empresas que han participado en el proyecto piloto han tardado más de 30 minutos en completar el proceso individual. Tanto para empresas que gestionan un gran volumen de compras, como para pequeñas empresas es un coste inasumible. Además, se trata de una carga administrativa que no se aplica en otros países y rompe el single market europeo. En general es una carga innecesaria, pero por ejemplo, con todo lo de Valencia... eso va a ser una locura", han asegurado desde Anged.
Estos dos ejemplos concretos son dos de los muchos que denuncian desde las asociaciones del sector en este sentido. Según apuntan, el comercio tuvo que aplicar 500 nuevas normas medioambientales en 2023; este exceso de leyes provoca a su vez una fragmentación del mercado, haciendo que la regulación sea diferente en cada territorio, "penalizando la productividad en España".
