El Gobierno de Pedro Sánchez tiene poco más de tres meses para pagar a Santander, Caixabank y Bankia 1.350 millones de euros por el almacén de gas Castor. Un coste que podría impactar sobre las previsiones económicas del Ejecutivo, incluso sobre la redacción de los Presupuestos.
El Tribunal Supremo comunicó este jueves sentencia por la que impone al Estado la indemnización de 1.350 millones de euros que tienen que percibir los tres bancos mencionados, representados en el proceso por los abogados de Linklaters, José Giménez (socio y responsable de Derecho Público y Sectores Regulados del bufete en España) y Mario García (Managing Associate del despacho).
Las entidades financieras se hicieron cargo de ese pago al grupo ACS cuando el almacén de gas Castor fue cancelado, después de que se registraran cientos de microseísmos en la costa mediterránea.
Los bancos asumieron el pago de esa indemnización, que debía corresponder a la compañía semipública Enagas, a cambio del derecho al cobro que, por ese mismo importe, percibirían del sistema gasista, una fórmula aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del Real Decreto Ley 13/2014.
Los jueces tienen diez días para informar al Gobierno que dispone de tres meses para pagar a los bancos los 1.350 millones
Esa fórmula fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, observando la nulidad del derecho de cobro del que eran titulares los bancos recurrentes. Por esa razón las entidades financieras acudieron al Supremo, que ayer jueves les dio la razón.
De acuerdo a expertos en la materia, los 1.350 millones que tiene que pagar ahora el Ejecutivo a los tres bancos -700 millones para Santander, 400 millones para CaixaBank, 200 millones para Bankia- suponen posiblemente la mayor cantidad ante la que tenga que responder el Estado por responsabilidad patrimonial, después del caso del aceite de colza (que requirió un desembolso de unos 2.500 millones de euros para indemnizar a las víctimas de la comercialización del producto).
Una vez que se ha dictado ya la sentencia del Castor, los jueces tienen diez días para comunicar al Consejo de Ministros la resolución y la obligación que tiene el Gobierno de pagar los 1.350 millones en un plazo de tres meses. Es posible, explican los expertos consultados, que los magistrados requirieran el pago a una persona determinada, que en este caso podría ser el Ministro de Industria.
Santander, Caixabank y Bankia no podrán anotarse en las cuentas de este año el impacto positivo de la sentencia del Supremo
El Gobierno de Pedro Sánchez puede tratar de negociar con los bancos un pago fraccionado de esa cantidad. Pero no puede ya de ninguna manera evitar el desembolso requerido. En caso de demorarse, los bancos podrían instar la ejecución forzosa.
El hecho de que previsiblemente hasta dentro de tres meses el Ejecutivo no realice el pago de los 1.350 millones evita que Santander, Caixabank y Bankia puedan anotarse en sus cuentas de este año el positivo impacto de la sentencia del Supremo.
