Sin un pacto que, al menos, abarque un compromiso con los socialistas y con los sindicatos, el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones quedaría en papel mojado y al albur del color político de los gobiernos sucesivos. Esto lo tiene muy claro la actual ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que lleva semanas trasladando información y negociando con los principales portavoces parlamentarios una reforma de las pensiones que sea creíble en Bruselas y también introduzca racionalidad en un sistema de Seguridad Social que es a todas luces financieramente insostenible.
Bruselas tiene todos los datos y hace ya tiempo que advirtió al Gobierno de que era una de las reformas prioritarias y más importantes que tendría que encarar para no arriesgarse a poner en peligro, entre otras cosas, el rescate de 40.000 millones al sistema financiero. Con estos mimbres, el Gobierno ha trasladado a los partidos un punto de partida que ha despertado todas las alertas: el gasto en pensiones, que este año consume 115.000 millones, se acerca al 11% del PIB frente al 3,4% de media de la Unión Europea, las jubilaciones anticipadas han aumentado un 33% desde el inicio de la crisis, con un coste adicional de 7.000 millones anuales, y cada jubilado parcial genera unos costes adicionales al sistema de 80.000 euros. La partida de las pensiones, junto con la del servicio de la deuda, es la única que ha aumentado.
Las jubilaciones anticipadas han aumentado un 33% desde el inicio de la crisis, con un coste adicional de 7.000 millones anuales
Después de utilizar el 5% del Fondo de Reserva desde el inicio de la crisis para el pago de las pensiones y de introducir cambios de envergadura, entre ellos la separación de fuentes de financiación, la supeditación de los subsidios a las rentas familiares en los mayores de 55 años o el acercamiento progresivo de la edad real de jubilación a la legal, el Gobierno afronta la prueba decisiva, la que puede convertir o no el sistema de Seguridad Social en sostenible en el tiempo a partir de la evolución de la demografía, el crecimiento económico, y de otro tipo de alertas que facilitarán que se adapte de forma automática a las necesidades financieras modulando su coste.
El Gobierno se la juega en esta reforma porque no solo se enfrenta a las presiones de la Comisión Europea, en las que pesa el rescate bancario y el procedimiento abierto a España por déficit excesivo, sino también porque hay más de nueve millones de votos en juego y el calendario aprieta: elecciones europeas el año que viene, autonómicas y municipales a mediados de 2015 y legislativas a finales de ese mismo ejercicio.
“Estamos por la labor de colaborar al máximo porque nos va en ello el futuro de la pensiones, reconocemos que a veces defendemos cosas que no haríamos si estuviéramos en el Gobierno"
Todos los partidos conocen esta secuencia electoral, también las prisas de Bruselas y han mostrado su predisposición a tener en cuenta las recomendaciones que el grupo de expertos constituido este viernes, presidido por el catedrático de sociología Víctor Pérez Díaz, elevará al Pacto de Toledo. “Sería una irresponsabilidad afrontar esta importante reforma bajo un prisma electoral, esperemos que nadie lo haga”, advierten fuentes gubernamentales. “Nosotros estamos por la labor de colaborar al máximo porque nos va en ello el futuro de la pensiones, reconocemos, incluso, que a veces defendemos cosas que nosotros no haríamos si estuviéramos en el Gobierno”, admiten fuentes socialistas. “Estamos negociando con lealtad porque todos nos jugamos mucho, al final va a ser un debate técnico muy complejo, pero todos debemos estar a la altura de la circunstancias”, aseguran fuentes de CiU.
"Vamos a asistir a una especie de Pacto de Toledo II", se afirma en el Gobierno para acentuar la importancia de la futura reforma
PSOE y CiU han sido los partidos con los que el Gobierno ha estado contactando al máximo nivel, al igual que con los sindicatos. El aval de Comisiones y UGT a la próxima reforma de las pensiones se considera esencial, ya que serviría para arrastrar también al consenso a las formaciones de izquierda. Es obvio, reconocen fuentes gubernamentales, que no será creíble la introducción de un factor de sostenibilidad sin el acuerdo de las principales fuerzas políticas y de los agentes sociales. Esta es una de las razones por las que en el grupo de expertos se han introducido a académicos propuestos por los socialistas, CiU y los agentes sociales, pues las sugerencias que redacten van a servir como pista de despegue para la negociación que haga el Pacto de Toledo en la recta final. “En realidad, vamos a asistir a un Pacto de Toledo 2”, confiesan en el Gobierno para acentuar la importancia que se le da en Moncloa a la futura reforma.
