Caladero, una sociedad dedicada a la venta de pescado y marisco que pertenece al 100% a Mercadona, mantiene cuentas pendientes con el Gobierno de Aragón. En 2017, el Ejecutivo autonómico obligó a la empresa a devolver una subvención de 3,7 millones de euros. Una cuantía que la empresa ingresó en las arcas públicas pero que, en sus últimas cuentas de 2018, detalla que existen "fundados argumentos jurídicos" para recuperar este importe.
"Son subvenciones que se produjeron en la etapa de Carlos Amorós (empresario que vendió Caladero a Mercadona en 2010)", asegura un portavoz de la compañía. "Son pagos que se conceden en su momento por ser una pequeña y mediana empresa, que las administraciones consideran que se deben devolver tras el cambio de propietario. Están recurridas porque ahora no se cumplen estos requisitos pero sí cuando se concedieron estas subvenciones", añade.
Estos pagos públicos se realizaron para financiar sus plantas de producción en Zaragoza y Cádiz. Las inspecciones se abrieron en 2016 tanto por la Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón. Caladero pagó las subvenciones y los correspondientes intereses a los dos Gobiernos autonómicos, y luego sus servicios jurídicos iniciaron los trámites de reclamaron. En 2018, según detallan sus cuentas, la Junta de Andalucía reintegró 3,1 millones a la empresa de Mercadona tras lograr la victoria judicial.
Un éxito que anima a la compañía para pelear por recuperar este importe en Aragón. "La sociedad y sus asesores legales consideran que existen fundados argumentos que hacen remota la posibilidad de que se desestime el recurso que se ha presentado, todo ello, unido al precedente sentado por la Sentencia del 27 de noviembre de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor de la compañía", detallan en sus cuentas.
Mientras se producen los trámites legales, Caladero registra los 3,7 millones de euros en sus "inversiones financieras a largo plazo". Una inversión que espera recuperar próximamente. "El administrador único (Mercadona) y sus asesores legales consideran que es probable que se recuperen en los próximos ejercicios", explican en sus cuentas.
Cierre de su planta en Cádiz
Además de la sentencia, la compañía ya registra el cierre de su planta de Cádiz. La compañía justificó el traslado dentro de un "proceso de reorganización para reforzar su eficiencia y competitividad" y "generar sinergias en su actividad logística". Un cierre que no implicó ningún despido, ya que Caladero ofreció a los trabajadores trasladarse al centro de Zaragoza o incorporarse a la plantilla de Mercadona en Cádiz.
La sociedad, integrada dentro de Inmo Alameda (la patrimonial de Juan Roig), logró en su último ejercicio completo unas ventas de 200 millones de euros, un 4% menos que en 2017, y registró un beneficio de 3,4 millones desde los números rojos de 0,5 millones. Una cifra que surge vendiendo todo su pescado y marisco a su 'socio único' (Mercadona).
