Rafael Mejías abrió en 2013 un pequeño bar en el madrileño barrio de Tetuán. Un negocio que daba sustento a él y a otros tres familiares empleados en el establecimiento, hasta que el pasado 15 de marzo tuvo que cerrar por el estado de alarma y el coronavirus. Pensaba que sería algo temporal. Sin embargo, tras aguantar dos meses de pérdidas, el plan de desescalada anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha supuesto la estocada definitiva a su negocio.
"Hemos decidido echar el cierre definitivo, no podemos aguantar estas medidas. Es imposible subsistir así", afirma Mejías. "Sabíamos que iba a ser difícil volver tras estos meses sin ingresos y también por el previsible descenso de clientes, pero estas medidas nos han empujado a tomar una decisión definitiva. Es inviable, no vamos a poder hacer frente a los gastos con un 30% o un 50% del aforo", añade este madrileño de 33 años.
Reabrir con los límites impuestos por el plan de 'desescalada' supondría la ruina para el bar de Rafael Mejías. Tiene una capacidad máxima autorizada para 20 personas y una terraza con tan solo ocho mesas. La limitación de aforo, y la consecuente caída de la facturación, no le permitiría hacer frente a los gastos de alquiler del local, pagar las facturas y cumplir con las cuotas de la seguridad social.
"El bar era nuestro presente y nuestro futuro. Nos iba bien antes del coronavirus, nos daba lo suficiente para mantener a toda la familia. Habíamos pedido incluso un préstamo ICO para poder seguir pagando los gastos mientras durase el confinamiento y para poder afrontar la vuelta al trabajo, pero aún no nos lo han concedido y, viendo estas medidas, no podemos hacer otra cosa. Es muy doloroso dejarlo después de siete años de esfuerzo y trabajo", afirma.
85.000 bares y 400.000 empleos
El de Rafael Mejías es uno de los 85.000 bares y restaurantes que, según la Confederación de Empresas de Hostelería de España (CEHE), se verán obligados a cerrar si el Gobierno no acompaña su plan de 'desescalada' con medidas que ayuden a amortiguar el golpe en el sector. Una cifra que puede suponer, además, la destrucción de 400.000 empleos y la clausura del 30% de los negocios de hostelería, sector que representa el 6,2% del PIB español.
Nadie va a querer abrir en estas condiciones, seguiremos cerrados porque abrir supondrá nuestra ruina", señala José Luis Yzuel, presidente de CEHE
"Habíamos calculado que sólo por los dos meses de confinamiento 40.000 bares y restaurantes se verían obligados a cerrar, pero después de conocer el plan de 'desescalada' van a ser al menos 85.000", afirma José Luis Yzuel, presidente de CEHE.
"Abrir con un 30% de la terraza no nos resuelve nada. Nadie va a querer abrir en estas condiciones, seguiremos cerrados porque abrir supondrá nuestra ruina", añade.
Flexibilizar los ERTEs
Emilio Cabrera, propietario de un bar frente al Tribunal Supremo, en Madrid, comparte la opinión de Yzuel. A diferencia de Mejías, dice que no va plantearse un cierre definitivo ni una fecha de apertura hasta que se concreten los detalles del plan de 'desescalada' y sepa si se van a poder flexibilizar los ERTEs.
"Tengo seis empleados. Nos acogimos a un ERTE cuando todo empezó. Si me dejasen abrir dando de alta sólo a dos de ellos, abriría aunque me permitan sólo un 30% del aforo. Si no, es imposible y tendremos que esperar a que pase el estado de alarma para ver en qué condiciones podemos volver a trabajar", afirma Cabrera.
La patronal del sector estima que, en el mejor de los casos, la facturación en la hostelería caerá un 40% este año
Sólo por haber tenido que cerrar durante el estado de alarma, el bar de Cabrera ha tenido un balance negativo de 5.000 euros en abril, según sus cálculos. "Por ahora la única ayuda que nos han dado es poder pedir unos préstamos por los que tenemos que pagar comisión de apertura e intereses, a pesar de no estar facturando nada", añade.
"Nos tienen que dejar salir de los ERTEs escalonadamente. Con una limitación de aforo del 30%, si damos de alta al 100% de la plantilla, nos arruinamos en dos meses", afirma por su parte Gonzalo de Salas, chef ejecutivo del restaurante Bocaboca, un local con 10 empleados y 220 metros cuadrados de superficie ubicado cerca del Santiago Bernabéu.
"La idea es sobrevivir, no queremos cerrar. Esto es nuestra vida, no solo nuestro negocio. Si tenemos que esperar a septiembre u octubre para abrir, haremos lo posible por aguantar para poder abrir entonces", añade De Salas.
Ayudas al alquiler, financiación y rebaja fiscal
Prorrogar los ERTEs hasta seis meses después de la apertura de los locales y eliminar la cláusula del mantenimiento de empleo, que exige que las empresas reactiven al 100% de sus empleados cuando acabe el estado de alarma, es una de las demandas principales de la CEHA.
"Deben permitirnos recuperar a los empleados de forma gradual", afirma su presidente, José Luis Yzuel, quien considera una "tomadura de pelo" las medidas anunciadas por Sánchez para la hostelería en su plan de 'desescalada'.
La patronal del sector estima que, en el mejor de los casos, la facturación en la hostelería caerá un 40% este año. Por eso, demanda al Gobierno que también se adopten medidas para facilitar el pago del alquiler de los locales, que se aumente la financiación a los hosteleros a través de microcréditos y que se apliquen rebajas fiscales mediante una reducción del IVA a bares y restaurantes.
Unas demandas a las que el Gobierno ha hecho oídos sordos hasta el momento. "Si las decisiones las toma sólo el Ministerio de Sanidad, sin escuchar al sector, va a ser muy difícil sobrevivir. Entendemos que la desescalada debe ser gradual, pero debemos trabajar juntos y nos tienen que dejar ayudar. Ni siquiera se había sacado una guía sanitaria para la vuelta al trabajo del sector, hemos tenido que hacerla nosotros", lamenta Yzuel.
