Han pasado ya más de dos años desde que Santander compró Popular por la cantidad simbólica de un euro tras entrar este último en resolución. De ese momento histórico han corrido ríos de tinta y se han abierto diferentes causas penales, tales como el 'bonus' de Ángel Ron. Pero la más relevante es la que comienza a andar este miércoles en la Audiencia Nacional con la declaración de Emilio Saracho, el último presidente del Popular como entidad independiente.
El juez a cargo de la investigación José Luis Calama da inicio a la ronda de interrogatorios a investigados por las irregularidades que llevaron a la quiebra del banco. La intensa agenda se mantendrá hasta diciembre y reunirá a una decena de exdirectivos que estuvieron al frente de los consejos de administración de la entidad.
En la lista destaca la comparecencia de Ron, quien defendió todo el tiempo la situación "inmejorable" de la entidad en una época en la que se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Aunque los dos expresidentes del Popular ya respondieron a preguntas de los diputados en la comisión de investigación del Congreso, es la primera vez que serán interpelados en sede judicial.
También desfilarán por la Audiencia Nacional los ex consejeros delegados Francisco Gómez, Ignacio Sánchez-Asiaín y Pedro Larena Landaeta; el exvicepresidente Roberto Higuera y el exconsejero Antonio González-Adalid. Todos tendrán que acudir en calidad de querellados.
Las filtraciones
Los interrogatorios tienen lugar tras dos años de pesquisas y responden a las dos piezas separadas de la causa. La pieza central investiga la ampliación de capital de 2016 y un posible delito de falsedad contable; la segunda indaga un presunto delito de administración desleal.
Este miércoles, Saracho tendrá que defenderse por la segunda pieza abierta, en la que se investigan las supuestas filtraciones de información para manipular el precio de la acción del banco. La resolución de la entidad tuvo mucho que ver con el desplome de sus títulos, sobre todo el que se produjo en los últimos meses en los que presidía dicho banquero.
En la única junta que presidió, Saracho advirtió a los accionistas de que el banco estaba abocado a una fusión o a una nueva ampliación de capital (sería la tercera). A esto se le suma la rebaja de rating de las distintas casas de análisis y las declaraciones de la JUR, Elke Köing. Todo ello provocó una caída de la acción de más del 90%.
La ampliación de capital
Aparentemente, muchos fueron los errores que se cometieron durante el mandato Saracho, pero parece ser que los problemas de Popular venían de mucho más atrás. Concretamente, desde la ampliación de capital que se realizó en 2012 por un importe total de 2.500 millones para evitar un rescate público. A pesar de que esta operación ha quedado fuera del caso, algunas acusaciones han decidido incluirla en sus reclamaciones por la vía civil.
La ampliación polémica y por la que se va a juzgar a Ángel Ron es la que se llevó a cabo en mayo de 2016, también por 2.500 millones de euros. El exbanquero fue el precursor de esta idea y y fue él quien la propuso en una reunión del consejo que tuvo lugar el 25 de mayo de 2016 como única alternativa viable para fortalecer el banco tras la caída del precio de la acción. Era necesario elevar el nivel de cobertura de los activos improductivos hasta el entorno del 50% para situarse en la media, una opinión que era compartida por los supervisores.
Ante las dudas de los consejeros, el expresidente tuvo que dar cuenta de que efectuar la operación era la solución más recomendable para "reforzar" el banco e invitó al encuentro al actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, que por entonces era socio del despacho de abogados Linklaters, y a tres representantes del banco de inversión UBS, para que dieran su visión sobre la ampliación de capital.
El expresidente no consiguió convencer a todo el consejo de administración y la votación contó con la abstención del expresidente de Pastor, José María Arias
El expresidente no consiguió convencer a todo el consejo de administración y la votación contó con la abstención del expresidente de Pastor, José María Arias, que lo hizo para eludir responsabilidades. En su opinión, la ampliación de capital de 2.500 millones de euros suscitaba "muy serias dudas" sobre si sería beneficiosa para los accionistas, tal y como publicó este medio.
No obstante, Popular fue la entidad más supervisada y analizada por el mercado desde el rescate de las cajas, según los acusados. Tanto fue así, que necesitó las dos ampliaciones de capitales mencionadas. Supervisores, auditores, el Banco de España y el BCE revisaron las cuentas, sin detectar fallos contables. Y a eso se aferrarán los investigados.
