El Gobierno del PSOE y Podemos está recompensando la participación de los sindicatos en las negociaciones en materia de ERTES y pensiones, en especial a los de clase, que son los que más tajada se llevan, ampliando la subvención pública que figura en los Presupuestos Generales del Estado a pesar del espectacular aumento del déficit y de la deuda pública. A la espera de un nuevo proceso de diálogo social para derogar o modificar la reforma laboral del PP de 2012, que lidera la ministra de Trabajo y representante de Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, este departamento ha elevado hasta 17 millones de euros la partida de 2022 destinada a las organizaciones sindicales "en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas por la realización de actividades de carácter sindical".
Se trata de un incremento del 22,4%, tres veces superior a la previsión de crecimiento económico, cinco veces más que el aumento del gasto en pensiones y 38 veces superior al gasto público consolidado estimado. En 2021, aunque no figuraba en los primeros borradores de los Presupuestos, la dotación se ha situado en 13.883.890 euros (un 56,3% más) frente a los 8.883.890 del año anterior, que se venía registrando desde que en 2013 Rajoy metiera la tijera para que también las aportaciones de los sindicatos sufrieran un recorte y contribuyeran a la reducción del déficit público. Es decir, el Gobierno va a casi duplicar esta aportación (92,3% más) en sólo dos años, entre 2021 y 2022.
Sánchez ya intentó incrementar la partida en su primer Presupuesto en 2019 hasta 9,4 millones (532.500 euros más), pero las cuentas decayeron en el Congreso y tuvo que convocar elecciones anticipadas. Se prorrogó el Presupuesto de 2018 del PP y también en 2020.
Los 17 millones de subvenciones a los sindicatos en 2022 alcanzarán una cifra récord, muy por encima del registro de Zapatero en plena gran crisis económica, que elevó las asignaciones hasta los 15,8 millones
Los 17 millones de subvenciones a los sindicatos en 2022 alcanzarán una cifra récord, muy por encima del registro de Zapatero en plena gran crisis económica, que elevó las asignaciones hasta los 15,8 millones, mientras que Rajoy las redujo a esos casi 8,9 millones. Todas las centrales (de clase o no), en función del número delegados obtenidos en las urnas, reciben una parte proporcional de la subvención. Pero son los sindicatos de clase, UGT y CCOO, los más favorecidos. Percibirán en 2022 unos 13 millones ya que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, tras un recurso del Defensor del Pueblo, determinó que estas organizaciones (ligadas en ese momento al PSOE y PCE) debían cobrar el 75% de esta transferencia corriente y repartir el 25% restante al resto de organizaciones sindicales. Hasta ese año, estas ayudas eran exclusivas para estas centrales de clase al fijarse los límites de representación del estatuto de los Trabajadores en el 10% de los delgados en el ámbito nacional y 15% en el territorial.
Estas subvenciones tienen ya cuarenta años de duración. Su origen es de 1982 cuando, tras el 23-F, el Gobierno de UCD (que presidía Leopoldo Calvo Sotelo) se aseguró el respaldo social mediante el denominado Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) comprometiéndose a crear 350.000 empleos a cambio de una moderación salarial y de menor conflictividad. La primera ayuda, que apareció en los Presupuestos de 1983, fue de 890 millones de pesetas (unos 5,4 millones de euros) "para la realización de actividades socioculturales, promoción de los trabajadores, organización de actividades de carácter formativos y otras, dentro de los fines propios de las centrales sindicales".
Los distintos gobiernos han ido actualizando paulatinamente estas subvenciones con un incremento medio del 2% anual hasta la llegada de Zapatero a La Moncloa, que realizó una subida de golpe del 35%. Ahora se ha superado con creces estas cifras coincidiendo con el protagonismo que Sánchez ha dado a los sindicatos de clase (con Rajoy no hubo interlocución ni acuerdo alguno y bajó un 56% las ayudas). Este acercamiento incluye, dentro de la nueva reforma laboral, la restauración del papel de las centrales en la negociación colectiva y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación de la ultraactividad en los convenios instaurada por la reforma del PP.
Todas las centrales (de clase o no) reciben una parte proporcional de la subvención. Los sindicatos de clase, UGT y CCOO, son los más favorecidos: percibirán en 2022 unos 13 millones
Aunque se mantendrán congelados en 2,7 millones en 2022, las centrales (también la patronal) reciben más subvenciones por su participación en órganos consultivos estatales en materia laboral. UGT y CCOO perciben el 50% de estas ayudas. A las que habría que sumar, por ejemplo, 1,4 millones euros por su participación en el Consejo Económico y Social (CES), que cuenta con unas subvenciones de 7,1 millones para "el cumplimiento de sus fines"; o la compensación que reciben de los 1,1 millones de las ayudas a la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación, Arbitraje (SIMA) con participación de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme; o de su presencia en la gestión de los cursos a través del SEPE de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (con presencia también de CEOE y Cepyme), que cuenta con una transferencia de casi 55 millones.
Plagado de subvenciones
Estas ayudas no son las únicas que percibe el conjunto de las organizaciones sindicales. Aunque muchas partidas se mantienen congeladas respecto al año anterior, los Presupuestos están plagados de un corolario de asignaciones a veces difíciles de desentrañar por el ambiguo concepto en los que se ubican. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene una subvención de más de 1,2 millones para "el apoyo instrumental a la negociación colectiva del Estatuto Básico del Empleado Público" de más de 1,2 millones, es decir, es la subvención a los sindicatos de la función pública (incluidos los de clase). A esta cifra hay que añadir otros cuatro millones destinados "a organizaciones sindicales para formación en el empleo" que figuran en el Presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública.
Por su parte, el Ministerio de Interior destina casi medio millón de euros a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y a la Asociación Profesional de la Guardia Civil. Por otro lado, el Ministerio de Educación emplea 572.000 euros para "el fomento de los empleados públicos en los órganos de negociación colectiva de los centros docentes públicos no universitarios" así como para financiar medidas de apoyo institucional "a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos".
Hay más. Industria tiene una partida de 70.000 euros "a UGT y CCOO para el desarrollo del proyecto Hoteles Justos". Cultura y Deporte dispone 139.000 euros para las asociaciones profesionales "para el desarrollo de sus actividades" y de 450.000 euros más para los sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos en sus "proyectos de inserción laboral y gastos en estructura". Universidades mantiene 45.000 euros "para medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector". Transición Ecológica financia con más de 23.000 euros a los sindicatos de los trabajadores del sector agroalimentario y medioambiental y con otros 100.000 a la Confederación de Organizaciones de Selvicultores.
Todo tipo de asociacionismo, sea cual fuere su forma, está también subvencionado por los Presupuestos
Por su parte, Agricultura destina casi cinco millones a los sindicatos, asociaciones profesionales agrarias y entidades asociativas así como a colaborar con la Federación Española de Alimentación y Bebidas (asociada a la CEOE); y casi otro millón de euros más, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, para los sindicatos y organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos).
Todo tipo de asociacionismo, sea cual fuere su forma, está también subvencionado por los Presupuestos. Por ejemplo, Trabajo destina a las organizaciones de autónomos 7,5 millones de euros más otros 10,2 millones al desarrollo de la economía social a través de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte, Consumo dispone de 3,1 millones para colaborar con asociaciones de consumidores mientras que Derechos Sociales dispone de un amplio abanico de ayudas, entre ellas, 2,5 millones para el movimiento asociativo, padres y madres de alumnos, padres de familia, familias numerosas o movimiento scout. Industria financia, además, con ocho millones a las agrupaciones innovadoras.
Lo que aumenta también de una forma importante es el Presupuesto que Trabajo destina a inversiones en el denominado Patrimonio Sindical Acumulado, que se encuentra en manos de los sindicatos y también de la CEOE (por ejemplo, su sede central). Si en 2021 el gasto estimado en obras y de reposición era de 4,1 millones, en 2022 crece en tres millones más, hasta los 7,1 millones (73,2% más). Entre esas obras figuran las sedes en Madrid de UGT, CCOO y también de la patronal.
