El próximo 26 de febrero, los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunirán para realizar la votación sobre el posible carácter usurario de los intereses que se aplican a las tarjetas revolving, un producto que últimamente se ha puesto muy de moda y que el Banco de España persigue por el riesgo que conlleva.
La tarjeta revolving es una línea de crédito que comercializan las entidades en solitario o mediante acuerdos con marcas comerciales de confianza como cadenas de supermercados, aerolíneas o compañías telefónicas. El riesgo de este tipo de préstamo está en el alto interés que se paga cuando se utiliza en la modalidad de crédito, que en ocasiones es cercano al 30%.
Además, el propio cliente en muchas ocasiones no sabe lo que está contratando y mucho menos el tiempo que le costará amortizar dicho préstamo. Son precisamente estos dos puntos por los que los afectados podrían reclamar: usura y falta de transparencia.
Sobre el primero de los puntos se pronunciará el Supremo este miércoles, tal y como ya se ha comentado. De hecho, con casi 10.000 afectados registrados por las tarjetas revolving, desde la plataforma 'Reclama Por Mí' señalan que hasta ahora la mayoría de los juzgados y audiencias provinciales han dado la razón a los clientes considerando los intereses de las revolving como “usurarios”.
Cambio en el Banco de España
En 2017, el Banco de España decidió distinguir el tipo de interés de los préstamos al consumo de los de las tarjetas de crédito. Con este cambio, los bancos salieron beneficiados porque ahora la usura está en entredicho, ya que existe una tabla oficial que acerca el tipo de interés de las tarjetas de créditos al de las revolving, explican desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
No obstante, las Audiencias Provinciales de Madrid y Alicante han publicado sendos acuerdos de unificación de criterio dejando claro que no se apoyarán en las nuevas estadísticas del Banco de España para evaluar si hay usura o no y consideran que el hecho de que el crédito se conceda mediante una tarjeta no debe suponerle al consumidor tener que pagar el triple de interés.
Orden ministerial
El Tesoro ha preparado una norma que obliga a los bancos a amortizar al año al menos un 25% del total de los préstamos de este tipo, lo que supondría que la vida máxima de estos créditos no superaría los cuatro años. De esta forma, se pondría coto a los desmesurados intereses que se exigen en este tipo de producto.
Con esta orden ministerial, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, a parte de delimitar la vida del préstamo, también exige que la cuota máxima anual tenga como referencia el 40% de los ingresos netos anules del cliente, por lo que se acota aún más la cuantía final a financiar.
Asimismo, se obliga a las entidades a evaluar la capacidad del cliente para cumplir con las cuotas mensuales antes de firmar el contrato. Los bancos también deberán contar con procedimientos internos nuevos "específicamente desarrollados para llevar a cabo la evaluación de solvencia".
Por otro lado, las entidades tendrán que analizar de nuevo el perfil del cliente si éste decidiera ampliar la línea de crédito y se reseña que un seguro de amortización en ningún momento servirá para evitar la evaluación de solvencia del cliente.
