La Sección Segunda de la Audiencia Nacional lleva más de un mes deliberando sobre la sentencia a dictar por el juicio celebrado contra Cedric Cañas, el secretario personal de Alfredo Sáenz al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de usar información privilegiada para lucrarse con una operación bursátil. En la vista, que se celebró el pasado 14 de octubre, el Ministerio Público solicitó para el antiguo colaborador del exconsejero delegado del Santander cinco años de prisión al sumar a la acusación principal la de blanqueo de capitales. Pese al tiempo transcurrido desde la vista, los tres magistrados del tribunal que deben dictar el fallo aún no han tomado una decisión sobre en qué sentido lo harán. El motivo: la falta de sentencias preferentes en las que se haya abordado esta modalidad delictiva de cuello blanco.
Hasta ahora, el tribunal sólo ha encontrado una sentencia sobre el delito de uso de información privilegiada que, además, guarda pocas similitudes con el caso de Cedric Cañas
Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas, que señalan que los miembros de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional han rebuscado con escasa fortuna en la jurisprudencia española en busca de los fallos de otros tribunales españoles sobre el delito de uso de información privilegiada. De hecho, estas mismas fuentes destacan que hasta el momento sólo han encontrado una sentencia anterior, dictada por la Audiencia Provincial de Madrtid, aunque tiene tantos elementos que la diferencian del caso que ahora se ha juzgado que son difícilmente trasladables sus argumentos. Por ello, los tres magistrados han decidido estudiar muy detenidamente la decisión final, convencidos de que su sentencia será la que marque a partir de ahora la aplicación por otros jueces de un tipo delitivo, recogido en los artículos 285 y 286 por el Código Penal que no se han aplicado prácticamente nunca hasta ahora.
El caso se remonta a 2010, cuando Cañas recibió un correo electrónico con información confidencial que tenía que ser transmitido a Sáenz sobre la inminente OPA de la multinacional minera australiana BHP Billiton sobre el gigante canadiense de fertilizantes Potash. En esa misma comunicación, BHP solicitaba al Santander asesoramiento y financiación para llevar a cabo la compra. En los días previos al anuncio público de la oferta de compra por parte de BHP, Cañas adquirió 'contracts-for-difference' (CFD), un tipo de valor que no se negocia en Estados Unidos, pero que está basado en el precio de las acciones de Potash que cotizan en la bolsa estadounidense. Cañas también avisó supuestamente a un amigo personal, Julio Marín Ugedo, ex juez español, de la posible adquisición y le aconsejó comprar acciones de Potash.
Investigación en EEUU
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) comenzó una investigación por movimientos comerciales sospechosos sobre auella OPA que hubieran sido realizados antes del 17 de agosto de 2010, cuando se hizo público el anuncio de la oferta de adquisición de BHP. La SEC alegó que Cañas compró 30.000 CFDs de Potash entre el 9 y 13 de agosto de 2010, amparándose en la información confidencial que contenía el correo electrónico dirigido a Sáenz. Las conclusiones de la investigación de las autoridades estadounidenses, hechas públicas el pasado 31 de julio, determinaban que Cañas y Marín vendieron sus títulos de Potash tras la OPV, lo que les "reportó ganancias ilícitas de casi un millón de dólares entre ambos". En concreto, el ex secretario de Sáenz se embolsó 831.953 euros y Marín algo más de 39.000 euros, según consta en el escrito de conclusiones de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, que es la que ha pedido ahora para Cañas la pena de 5 años de cárcel, así como una multa de 2,6 millones y la devolución de los beneficios obtenidos por la operación.
La Audiencia Nacional comenzó a investigar el caso el 30 de junio de 2011. Año y medio después, el juez Velasco concluía el sumario
En España, las pesquisas sobre la actuación del secretario de Sáenz se iniciaron en 2011 de la mano de la Fiscalía, que el 30 de junio de ese año interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional. La investigación recayó en el titular del Juzgado Central de Instrución número 6, Eloy Velasco, quien durante diez meses mantuvo la misma bajo secreto sumarial. Finalmente, levantó éste en abril, y mes y medio después llamó a declarar ante él a Cedric Cañas. Durante la instrucción, también tuvieron que comparecer ante el magistrado, aunque en calidad de testigos, el propio Alfredo Sáenz y el responsable de Credit Santander GBM Pablo Urgoiti. Al sumario se terminaron incorporando en septiembre de 2012 las pesquisas realizadas por la SEC estadounidense. Semanas después, el juez Eloy Velasco daba por concluida su investigación y elevaba el sumario a Sala para la celebración del juicio.
Éste se celebró finalmente el pasado 14 de octubre y en él la Fiscalía solicitó para Cañas cinco años de prisión, de los cuales tres correspondían al delito de uso de información relevante para la cotización, que se lo aplicaba por partida doble: en primer lugar por beneficiarse personalmente con la información (año y medio de cárcel) y, en segundo lugar, por facilitarsela también a un conocido para que también obtuviera provecho (otro año y medio). El hecho de que hubiera superado los 600.000 euros de ganancias en la operación fue clave para determinar la alta petición de pena. Los dos años restantes los pidió por el delito de blanqueo de dinero,ya que Anticorrupción considera que Cañas enmascaró la procedencia de esa ganancia a través de una cuenta de la que era titular en un banco de Luxemburgo.
Durante el juicio en la Audiencia Nacional, el ex secretario de Sánez negó los hechos y aseguró que supo de la OPA por la prensa el 18 de agosto de 2010, un día después del anuncio público de esta absorción. "Para mí la OPA era irrelevante, no compré en base a ella", declaró Cañas ante las preguntas de la fiscal. El Santander despidió a Cañas en cuanto conoció las irregularidades cometidas.
