La posibilidad de un ‘impuestazo’ fiscal a los blindajes de los altos ejecutivos españoles ha causado mucho nerviosismo entre los mismos, pero también cierto malestar en Hacienda y la Agencia Tributaria, que reconocen que se estaba trabajando en esa posibilidad pero a largo plazo y todavía sin un modelo concreto. Las filtraciones de los últimos días han hecho saltar muchas alarmas de manera innecearia, especialmente por dos motivos: por la enorme penalización fiscal que amenazaba la nueva medida y porque trascendía del sector financiero, incluyendo por tanto a directivos de todas las empresas. Otros sectores del Gobierno, sin embargo, están satisfechos. El aviso está lanzado.
“Se trata claramente de un globo sonda, para ir preparando a la sociedad y tal vez, buscando algo de rentabilidad popular”. La magnitud del impuestazo es “sin duda, un exceso verbal, como lo atestigua que proceda del entorno de Luis de Guindos, quien a veces le gusta anticiparse al competente para la norma que se discute; Hacienda en este caso. No es la primera vez”, dicen desde uno de los principales despachos legales españoles. El 'impuestazo' contemplaría, según las informaciones a este respecto, un gravamen de hasta el 75% una vez superados los 300.000 euros de la indemnización pactada en el contrato de alta dirección.
Las fuentes consultadas dudan de que vaya a llevarse a cabo una medida tan dura. “La propuesta es muy burda en si misma, por afectar a todos los altos directivos sin discriminación, aunque esté pensada para el ámbito financiero. Nos extrañaría que Hacienda lo hiciera tan mal”, comentan. Este bufete mercantil consultado tiene mucho contacto con el fisco en cuestiones como la amnistía fiscal.
Muchas preguntas
Los expertos reconocían haber recibido desde entonces (primeros de mes) muchas consultas de altos cargos privados con grandes dosis de nerviosismo, ya que “la clave de esos contratos es su fiscalidad”. La naturaleza de los contratos de alta dirección está regulada en el Real Decreto 1382/85. En este sentido, están aconsejando tranquilidad a los afectados, ya que “no es de recibo que un profesional se lleve muchísimo dinero y al día siguiente, otro de su misma categoría sufra un enorme recorte, sin que haya habido diferencias sensibles”.
Fuentes cercanas a Hacienda reconocen que endurecer la fiscalidad a los contratos estrella es algo que no tiene visos de ser inminente, entre otras cosas, porque todavía no se tiene claro cómo abordar la cuestión. Algo similar ha ocurrido con la amnistía fiscal, cuya premura ha obligado a contestar dos consultas y realizar importantes aclaraciones, algunas de índole penal, incluso. (La Dirección General de Tributos contestó recientemente a dos cuestiones los pasados 27 de junio y 11 de octubre, estableciendo unos criterios que son vinculantes sobre cuestiones como el dinero en efectivo, la herencia de bienes o la valoración de inmuebles. Asimismo, en días recientes han aparecido asuntos relevantes como la Ley Antifraude)
Los despachos consultados comentan, además, que “si lo que se busca es evitar que se lleven mucho dinero ejecutivos con mala gestión en años pasados, (lo cual hace mirar de nuevo de manera inevitable al sector financiero), la purga ya ha tenido lugar. La pretendida ejemplaridad de la medida llegaría tarde”.
Así, “se trata claramente de ir preparando al colectivo afectado, al que sin duda le tocará pagar más en el futuro y tal vez, buscando algo de rentabilidad popular ahora”. Pero “¿dónde está el límite? España tiene unos tipos bastante altos. Retener al 75% en una empresa privada sería una medida confiscatoria”. De esta manera, opinan que la filtración “puede haber sido un exceso verbal".
Esta semana se han marchado directivos emblemáticos de Telefónica y, tal como informó Vozpópuli, en el mercado se daba por hecho que este proceso se ha acelerado por el temor al final de facto de los blindajes. Habrá que ver si hay más salidas en otras firmas en breve.
