El modelo de pensiones sueco ha sido el elegido por los expertos en materia de preparación para jubilación del Instituto Pensiones de BBVA o el Instituto Santalucía como sugerencia para que el Gobierno avance hacia un cambio de sistema y solvente así el gran problema que padece actualmente.
Dada la presión sobre el gasto que provocará en los años venideros la jubilación de la generación del babyboom, el envejecimiento de la población, y el estrechamiento de la pirámide demográfica por los estratos inferiores -ya que cada vez habrá menos jóvenes en edad de trabajar por cada pensionista-, estos grupos de expertos sugieren al Ejecutivo que se fije en Suecia para avanzar en un cambio de modelo: del actual de reparto a uno mixto.
No es casualidad que el Instituto de Pensiones de BBVA, liderado por José Antonio Herce, haya incorporado esta misma semana a Edward Palmer, uno de los expertos que asesoró al Gobierno de Suecia en la reforma de su sistema de pensiones.
Este experto, doctor en Economía y profesor de Economía de la Seguridad Social en la Universidad de Uppsala (Suecia), ha asesorado a varios gobiernos y ha sido consultor del Banco Mundial, la OCDE y la Comisión Europea, entre otras instituciones.
Fue uno de los artífices del cambio de modelo que se produjo en el país escandinavo, al cambiar de un sistema de reparto "amenazado por desequilibrios financieros" hacia otro "más sostenible basado en cuentas nocionales individuales, en el que la pensión recibida por los ciudadanos combina recursos públicos con contribuciones particulares al ahorro, tanto por la vía de la empresa como por la individual", explica el grupo de expertos.
Suecia 'versus' España
Este cambio de modelo le ha permitido a Suecia contener el gasto en pensiones en torno al 7-8% del PIB para los próximos años, mientras que España tendrá que asumir un gasto de alrededor del 16%, según datos del Banco de España citados por el Instituto.
El nuevo sistema de pensiones en Suecia empezó a diseñarse en 1994 pero se instaló definitivamente el 1 de enero de 2001 después de un periodo de transición de cinco años.
Se caracteriza porque la pensión pública se calcula teniendo en cuenta toda la vida laboral (no como en España que únicamente computan los últimos 20 años -a partir de 2022 serán los últimos 25-) y se tienen en cuenta la esperanza de vida al hacer al cálculo, algo similar al factor de sostenibilidad que se ha intentado aplicar aquí y cuya implantación de momento ha sido pospuesta.
El cambio de modelo le ha permitido a Suecia contener el gasto en pensiones en torno al 7-8% del PIB, mientras que España tendrá que asumir un gasto de alrededor del 16%
La pensión pública se complementa con dos vías de ahorro adicionales: cuentas nocionales -individuales o de empresas- y un ahorro vía fondos de pensiones de gestión privada (el que elija el trabajador) al que se destina un 2,5% de las cotizaciones, de modo que el monto acumulado en el momento de la jubilación puede percibirse como renta vitalicia o mediante rescate total o parcial.
El PIB y los salarios marcan las subidas
En Suecia las pensiones públicas suben entre el 1,6% y el 2% cada año en función del rendimiento de la economía sueca y de los salarios (en España se equiparan a la inflación, independiente de cómo vaya la economía), y los trabajadores con carreras de cotización insuficientes acceden a pensiones que van con cargo al Presupuesto, no a la caja de Seguridad Social, como ocurre aquí con las contributivas.
Otras diferencias que se observan en el informe "Pensiones en transición. El sistema de pensiones de Suecia", recientemente publicado por el Instituto Santalucía, es que la tasa de sustitución (el porcentaje del último sueldo que representa la pensión) en Suecia es del 56,7%, mientras que en España es del 89,1%.
Además, en Suecia las cotizaciones que se pegan a la Seguridad Social son inferiores a las españolas (22,9% frente a 28,3%). Allí la empresa asume un 15,9% y el empleado un 7,0%, mientras que aquí se reparte con un 23,6% para la empresa y un 4,7% para el trabajador.
