La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto en los últimos dos años sanciones millonarias a filiales de varios de los principales contratistas del Estado por conformar cárteles que alteraron la libre competencia de sus sectores y sirvieron para amañar decenas de contratos.
La ley de 2017 de contratos del sector público contempla la posibilidad de que los autores de este tipo de infracciones sean sancionados de una forma que sería muy perjudicial para algunos de los grandes contratistas españoles, como es la de restringir su participación en las licitaciones públicas durante un período de tiempo determinado.
Existe un debate doctrinal y competencial sobre quién debe tomar esta decisión: si la propia CNMC -como ha avalado recientemente el Tribunal Supremo- o si el Ministerio de Hacienda.
El regulador ha remitido durante los últimos meses a este departamento del Ejecutivo los expedientes relacionados con el 'cártel del AVE', el 'cártel de las consultoras' y el 'cártel de Adif'; pero este ministerio ha evitado tomar cualquier decisión. Según fuentes de las empresas sancionadas, por prudencia, dado que existen varios recursos judiciales presentados por las infractoras que están pendientes de resolución.
La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación del Estado es el órgano que -según fuentes de Competencia- podría tomar esta decisión. Este periódico ha obtenido los nombres de sus 25 miembros a través de la pertinente pregunta al Gobierno mediante el mecanismo oficial de Transparencia.
Los 25 responsables
Este organismo está presidido por el director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor; y cuenta como secretario con Miguel Pardo.
El Ministerio de Justicia designó como vocal a Luciano Mas; el de Defensa, a José Luis Sánchez; el de Hacienda, a Emilio Viciana, el de Interior, a José Manuel Fraile, el de Transportes, a Cristina Trifón; el de Educación, a Judit Díez, el de Trabajo, a Juan Ignacio Izuzquiza; el de Industria, a Teresa González; el de Agricultura, a Alicia García, el de Presidencia, a Isabel Suárez; el de Política Territorial, a César Mantecón; el de Transición Ecológica, a Elisenda Ruiz; el de Cultura, a Beatriz Martín; el de Asuntos Económicos, a Marta Bardón; el de Sanidad, a Blanca Torralba; el de Ciencia, a Pedro Viar; y el de Derechos Sociales, a Antonio Justo García.
La Abogacía del Estado propuso a Raquel Ramos; la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a Ana Varela; la CNMC, a Juan Manuel Contreras; la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, a María Luisa Araujo; la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a José Pablo Martínez; y la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE) a Juan Ramón Durán.
Dado que algunas de las empresas sancionadas y propuestas por la CNMC para no poder contratar forman parte de estas asociaciones empresariales, fuentes próximas a la CNMC señalan que es posible que esta situación les genere un conflicto de interés.
Esta composición es la que figura en el documento gubernamental que se proporcionó a Vozpópuli el pasado 10 de junio.
Ley de contratos
Según la 'Ley de Contratos', la prohibición de participar en licitaciones a los infractores de la ley de competencia “le corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, o a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas”.
Cabe precisar que entre las empresas amenazadas por esta prohibición se encuentran las consultoras Deloitte, KPMG, PwC; y filiales de ACS, Alstom, OHL, Isolux, Abengoa, Sacyr y Comsa, entre otras.
