La próxima convocatoria electoral entra en el tablero de juego en el que se dirime el marco retributivo energético para los años venideros. El Gobierno en funciones quiere evitar precisamente que la decisión que termine tomando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de recorte a las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas aparezca en el escenario electoral, así como sus posibles efectos en forma de decisiones empresariales que podrían afectar al empleo.
La publicación a comienzos del pasado mes de julio de las circulares en las que el organismo regulador recogía sus propuestas de retribución para los próximos periodos regulatorios (2020-2025 en el caso del ámbito eléctrico y 2021-2026 para el gasista) generó un auténtico terremoto en el sector energético al incluir notables recortes que, en el caso de las actividades de transporte y distribución de gas, oscilan entre el 18% y el 21%.
El temor a un fuerte ajuste laboral como consecuencia del recorte de retribuciones llevó la inquietud a los sindicatos, que procedieron a trasladársela al Gobierno
Incluso antes de que se iniciaran los trámites de audiencia, las compañías más afectadas comenzaron a anunciar medidas en relación con el posible escenario que se vislumbraba. La más activa fue Naturgy, que decidió, en un primer momento, paralizar las inversiones de su filial distribuidora Nedgia (de la que controla un 80%) hasta conocer la decisión definitiva de la CNMC. Posteriormente, también como medida provisional, planteó a los sindicatos una suspensión temporal para unos 300 trabajadores de Nedgia.
El temor a un fuerte ajuste laboral como consecuencia del recorte de retribuciones llevó la inquietud a los sindicatos, que procedieron a trasladársela al Gobierno. Hasta 50.000 puestos de trabajo estarían en situación de riesgo si finalmente el regulador procediera a aprobar los recortes que propuso.
La comisión de coordinación
Ante esta situación, el Ejecutivo en funciones quiere evitar que esto se entrometa en el debate electoral con vistas a los comicios del próximo 10 de noviembre. Precisamente, el proceso para la fijación definitiva del marco retributivo está en parte en sus manos, toda vez que decidió convocar la comisión de coordinación al entender que la propuesta de la CNMC no se ajustaba a las recomendaciones de política energética que había remitido previamente al regulador.
El funcionamiento de esta comisión, en la que se sientan tanto el Gobierno como el organismo que preside José María Marín Quemada, no está siendo precisamente un ejemplo de agilidad. Algunas reuniones previstas se han retrasado, lo que complica la labor que tienen encomendada ambas partes de buscar un acuerdo acerca, en este caso, de las retribuciones.
El Consejo de Estado ha hecho llegar a la CNMC que no es competente para llevar a cabo la petición de los dictámenes sobre las circulares, sino que debe hacerlo el propio Gobierno
Además, la elevación a pleno y posterior aprobación del marco retributivo debe contar con el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, aunque de carácter no vinculante. Como adelantó en su día el diario Expansión, el órgano consultivo ha hecho llegar a la CNMC que no es competente para llevar a cabo la petición de los dictámenes sobre las circulares, sino que debe hacerlo el propio Gobierno.
De esta forma, el Ejecutivo se encuentra con otro mecanismo para lograr que la polémica energética no se mezcle con el debate electoral.
