El Gobierno recibirá la próxima semana en Madrid a Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea y hombre clave al que el presidente, Pedro Sánchez, quiere convencer de la conveniencia de las reformas que pretende aprobar ligadas a los fondos europeos.
El italiano, nacido en Roma y de 66 años, se reunirá el lunes y martes de la próxima semana con los ministros económicos del Ejecutivo: Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda), Yolanda Díaz (Trabajo) y José Luis Escrivá (Seguridad Social), con los que abordará la evolución de las reformas estructurales comprometidas con Bruselas -la laboral, la fiscal y la de pensiones-. También visitará algún proyecto financiado con cargo a los fondos Next Generation EU.
El objetivo principal es ayudarles a afinar esas reformas, especialmente la reforma laboral y de pensiones que deben salir adelante en el Parlamento antes de que acabe el año, para que contengan los ingredientes principales que supervisarán en Bruselas. El Ejecutivo enviará los borradores cuando los tenga listos para conseguir el visto bueno de la Comisión, tal y como ha adelantado este jueves El País.
En este proceso, Gentiloni se erige como la cara amable de la Comisión Europea para el Ejecutivo, por lo que Sánchez quiere 'utilizarlo' como baza para que, a su regreso en la capital belga, prodigue las bondades de las reformas españolas.
En esta buena relación entre el comisario y el Ejecutivo influye su perfil socialdemócrata. Gentiloni es miembro del Partido Democrático de Italia, de centroizquierda y miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Democrátas -una alianza que conforma con el Partido de los Socialistas Europeos en el Parlamento-.
Mediación a favor de las reformas de España
Su mediación con el vicepresidente Valdis Dombrosvskis (exprimer ministro letón del partido de centroderecha Unidad y más sensible a las preocupaciones de los países del norte de Europa), será clave para decantar cómo de favorable se muestra la Comisión Europea ante las propuestas españolas.
La diferencia entre los enfoques de ambos se aprecia también en lo relativo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y las reglas fiscales, que ahora está de nuevo en el centro del debate.
Hasta que suspendieron en 2020 con motivo de la pandemia, estas reglas establecían que el déficit público de los estados miembros debía situarse por debajo del 3% del PIB y que la deuda pública debía converger hacia el nivel del 60% del PIB.
Sin embargo, tras la pandemia y la euforia de gasto público necesaria para contrarrestar sus efectos, es prácticamente imposible que los países puedan comprometerse a cumplir esos niveles, especialmente el relativo a la deuda pública, de ahí que se haya abierto el debate en la Comisión para reformularlas.
La discusión, sin embargo, tiene posturas encontradas. Los nórdicos y holandeses quieren que las reglas vuelvan a aplicarse tal y como estaban concebidas, especialmente después de la emisión de deuda mancomunada por valor de 750.000 millones de euros para ayudar sobre todo a los países del sur, quienes apuestan por una reforma integral de las reglas para que sean más realistas.
En este debate será clave la posición de Alemania tras la formación de Gobierno, que presumiblemente estará dirigido por el socialdemócrata merkeliano Olaf Scholz, quien no se ha mostrado públicamente a favor de un rediseño de las normas y quien podría tener como ministro de Finanzas al liberal Christian Llindner.
