Aunque el Gobierno en funciones sostiene en público que no tiene ninguna opción para conseguir solucionar el problema de la financiación de las autonomías (y forzar así al PP y Ciudadanos a abstenerse para permitir su investidura), lo cierto es que sí tiene un as en la manga para desatascar la situación: permitir que las Comunidades Autónomas (CCAA) incurran en más déficit a cambio de rebajar el de la Administración Central.
Esta solución, que parece adecuada según varios expertos consultados por Vozpópuli, podría ser la única posible para evitar un recorte del gasto de las autonomías, después de que la Abogacía del Estado haya confirmado en un informe al que ha tenido acceso este medio que un Gobierno en funciones no tiene potestad legal para aprobar la concesión de las entregas a cuenta a las comunidades (ni aprobando los Presupuestos Generales del Estado, ni mediante ninguna otra vía legislativa).
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha afirmado este miércoles después de conocerse el informe de la Abogacía del Estado que su Ministerio está estudiando todas las posibilidades para "seguir buscando soluciones". "
"No cejo en seguir buscando soluciones para atender las necesidades de las comunidades autónomas en la situación actual", ha apuntado, aunque su equipo no ha querido confirmar a Vozpópuli si ésta es una de las opciones que está estudiando.
Ante la prohibición de transferir a las Comunidades los más de 6.000 millones de euros con los que contaban para 2019, éstas se enfrentan a una disyuntiva: o bien recortan sus gastos de forma precipitada o los mantienen pero incumplen el objetivo de déficit para 2019.
Un enjuague contable
La primera opción supone un problema, ya que las comunidades diseñaron sus presupuestos de este año contando con esos anticipos que les debía transferir el Estado y, si ahora se encuentran con que no reciben esos ingresos, podrían verse obligadas a paralizar gastos -por ejemplo de empresas públicas, como ha anunciado la Generalitat catalana-. Se verían obligadas a recortar gastos deprisa y sin necesidad real de hacerlo, ya que el dinero existe, sólo que el Estado no podrá transferirlo ahora.
Si optan, por el contrario, por mantener su ritmo de gasto pero no reciben esos ingresos, a cierre de año habrán incumplido el objetivo de déficit que les ha fijado el Estado, del -0,3% del PIB. Esto supone también un problema porque el mercado podría castigar a las comunidades, por ejemplo cuando se financien emitiendo deuda.
"Ninguna de las opciones es buena, lo lógico es que el Gobierno en funciones diera una solución", apunta a este medio Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que defiende que cambiar los objetivos de déficit de las CCAA y de la Administración Central solucionaría el problema.
"Habría otra solución que es cambiar el objetivo de déficit: subirlo a las CCAA y bajarlo a la Administración Central, de forma que el déficit total del Estado no cambiaría. Entiendo que el Gobierno en funciones sí puede hacerlo en un Consejo de Ministros, lo refrendaría en el Consejo de Política Fiscal y las CCAA estarían encantadas de apoyarlo", señala.
"Solucionar esta situación debería ser sencillo y no generar tanto ruido", añade
En su actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 remitido a Bruselas, el Gobierno se comprometió a cerrar 2019 con un déficit público del -2% del PIB, resultado del agregado de un déficit esperado para la Administración Central del -0,5%, de un déficit del -0,3% para las CCAA, otro del -1,2% par la Administración de la Seguridad Social y una situación de equilibrio presupuestario (0%) para las Corporaciones Locales o ayuntamientos.
El cambio de reparto supondría que el objetivo de déficit para las CCCA aumente (podría llegar al -0,8% si gastan 6.000 millones que no tienen, porque una décima de PIB equivale a unos 1.200 millones) y el de la Administración Central baje (al contar con 6.000 millones más, unas cinco décimas de PIB, podría alcanzar la estabilidad). Este cambio no impactaría en el resultado final, que seguiría siendo del -2% del PIB, como España avanzó a Bruselas.
Coincide con que esta opción sería útil Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, quien además reivindica en declaraciones a este medio que el próximo Gobierno retome la reforma de la financiación autonómica para evitar complicaciones como esta que se producen porque el sistema es "difícil de explicar y de entender".
Ya hay precedentes
En caso de que el Gobierno en funciones recurra a esta vía y decida actualizar su senda de consolidación fiscal, no sería la primera vez que esto ocurre en España.
En abril de 2016, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones después de las elecciones generales de diciembre de 2015, el entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aprobó una nueva senda de consolidación fiscal que fijaba un nuevo objetivo de déficit público del -3,6% del PIB para 2016.
Con esta nueva senda, Montoro dio ocho décimas más de margen (un colchón de cerca de 10.000 millones) a repartir entre las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social, mantuvo el objetivo de estabilidad para las Corporaciones Locales (0%) y recortó el objetivo de déficit de la Administración central en cuatro décimas (del 2,2% del PIB que se había previsto inicialmente al 1,8%).
Al añadir ocho nuevas décimas de margen y restar sólo cuatro, el Gobierno en realidad incremento en cuatro décimas el desfase presupuestario, algo que no ocurriría en este caso ya que se trasvasaría la misma cantidad entre CCAA y Administración Central.
