Los bancos accionistas de la Sareb saben que tienen la sartén por el mango y respiran tranquilos ante los últimos acontecimientos acaecidos en el Congreso de los Diputados. El Real Decreto-ley para cambiar el régimen jurídico del banco malo finalmente se aprobó como proyecto de ley, por lo que se podrán incluir nuevas enmiendas.
A este respecto, las entidades financieras no esperan importantes cambios en el texto final que pueda poner en peligro la venta, ya que todos los bancos tienen su participación valorada a 0 y las posibles compensaciones fiscales no van incluidas en esta norma. No obstante, como no tienen ninguna prisa en tomar una decisión al respecto, fuentes financieras consultadas por Vozpópuli aseguran que decidirán cuando esté "todo apañado".
Existe otra derivada que aún no se ha explorado y es que, por mucho que Podemos quiera utilizar la Sareb para fines sociales y la banca venda su participación al Estado, los activos siguen estando bajo el control de los primeros porque los gestionan sus 'servicers'. En este sentido, uno de los bancos implicados reconoce que la formación morada tendrá un margen de actuación limitado porque la última palabra la tendrán ellos.
La banca venderá su parte si consiguen retener los activos fiscales diferidos (DTA) que se han generado durante estos años mediante las provisiones. Esto haría que en el futuro tuviera un cierto alivio fiscal, pues cuando se obtenga un beneficio éste se podrá desgravar.
Esta propuesta no es nueva. No obstante, los bancos no desisten y esperan que esta idea prospere aunque son conscientes del precio reputacional que podría pagar el Ejecutivo. Y es que, sin duda, sería una medida muy polémica, pues iría en contra de todo lo que defienden los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.
Si bien es cierto, no deja de ser una forma de conseguir que al Estado no le cueste dinero la compra de la participación. Sería como dar una patada hacia delante. Sea como fuere, el cómo aún no está cerrado y se negociará durante las próximas semanas cuando el armazón legal se haya aprobado del todo.
Las exigencias de Podemos
Unidas Podemos reclama desde hace años que la Sareb potencie su función social y ser un "ejemplo" en materia de cesión de viviendas para el realojo de población en situación de vulnerabilidad social, tal como trasladó el diputado Rafa Mayoral durante una reunión con la dirección de la entidad en 2020.
No obstante, con las cifras en la mano, hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, que superan las 2.000 viviendas efectivamente cedidas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
La actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belara, planteó en marzo del pasado año, cuando era secretaria de Estado para la Agenda 2030, obligar a la Sareb a poner el 75% de sus activos en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en régimen de arrendamiento.
¿Por qué es tan importante lo que ocurra con la Sareb?
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros. Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027.
Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y todavía tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.
El cambio de estrategia del Gobierno responde a esta decisión europea, que obligó a España a computarse las pérdidas totales de Sareb y elevó la deuda del país hasta el 120% del PIB. Tras este jarro de 'agua fría' de Bruselas, el equipo del Ministerio de Economía decidió cambiar de estrategia y pasar a la acción, nacionalizando el 'banco malo' y comprando su participación a los bancos y aseguradoras que están en el capital.
Estas entidades atesoran el 54,1% de Sareb y en su accionariado están todos los grandes bancos salvo BBVA, que capitaneado por aquel entonces por Francisco González decidió no participar en la creación de esta sociedad que aglutinó todos los activos tóxicos de las cajas de ahorro salvadas en la crisis financiera.
