El juez a cargo del concurso de acreedores de la empresa que levantó el aeropuerto de Ciudad Real ha aprobado la venta del aeródromo al empresario Rafael Gómez Arribas, que hace dos años se adjudicó el activo en una subasta pero que hasta ahora no había desembolsado más de tres millones, cuando el precio de adjudicación era de 58 millones de euros.
La decisión del juez ha creado malestar entre parte de los acreedores del aeropuerto, técnicos de navegación aérea y otros empresarios que optaban a la compra del activo, según ha podido recabar este diario.
El magistrado Carmelo Ordóñez ha declarado en un auto finalizado el proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real "y acepta la propuesta de pago hecha por la adjudicataria provisional de la infraestructura, CR International Airport [empresa de Gómez Arribas] consistente en una cesión del crédito para el pago del precio pendiente del aeropuerto: 53,39 millones de euros euros más las cantidades adeudas, según lo acordado en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018".
Dicha cesión del crédito, explica el auto, proviene de la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares por la que se condena a la Comunidad Autónoma de Baleares al pago de una cantidad cercana a los 87 millones de euros (cerca de 65 millones de euros de principal, más intereses legales desde mayo de 2009 -otros cerca de 22 millones de euros-) al administrador de CRIA, todo ello a raíz de un procedimiento contencioso-administrativo que se dirimía en sede judicial.
Como informó este diario, Gómez Arribas tenía pendiente un pleito en Baleares por una decisión urbanística que fulminó un proyecto del empresario. El empresario, que se adjudicó el aeropuerto de Ciudad Real a pesar de que figura entre los mayores morosos de Hacienda -una de sus empresas debe más de 13 millones- ya advirtió en la única entrevista que ha concedido en los dos últimos años, publicada por Vozpópuli, que aunque él debía dinero a Hacienda, también a él le debían cerca de 100 millones.
Según recoge la fundamentación jurídica del Auto, las condiciones para aceptar el pago propuesto por CR International Airport S.L. (CRIA) pasan porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares comunique al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real la firmeza de la sentencia, "para lo cual ya se ha remitido el correspondiente oficio a dicho órgano judicial, y que el Gobierno de las Islas Baleares, una vez le sea comunicado el presente Auto así como la firmeza de la sentencia, responda por escrito, antes del 30 de septiembre de 2018, aceptando el pago de la condena dineraria y que garantice que el pago total de las cantidades se haga antes del 31 de diciembre de 2018, y en todo caso no más tarde del 31 de diciembre de 2019, a fin de no perjudicar los intereses del concurso".
Una vez llegue al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real la comunicación de la firmeza de la Sentencia del TSJ de Baleares, y se confirme que el oficio remitido al Gobierno balear ha llegado correctamente y ha contestado de forma positiva antes del 30 de septiembre de 2018, la Administración Concursal y la compradora, CRIA, deberán comparecer en el plazo máximo de 5 días en la notaría para la firma de la escritura pública de compraventa. Y una vez publicado en el BOE, CR International Airport S.L. ostentará la condición de compradora, promotora y gestora del Aeropuerto de Ciudad Real.
El juez sostiene que la propuesta de pago de CRIA, es buena no sólo para el interés del concurso, s"ino para el interés general de Castilla-La Mancha, con la futura puesta en funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria."
