Cuando se produjeron los atentados cuyo décimo aniversario hoy recordamos, España estaba en vísperas de unas elecciones generales y su situación política y económica parecía homologable con la de nuestros socios europeos, dejando a salvo algunas amenazas que se cernían sobre nuestro modelo político y económico. La tragedia de aquel 11 de marzo de 2004 provocó un cambio radical, cuya dimensión quedó enmarcada por el resultado de unas elecciones en las que el 25% del electorado cambió su sentido de voto, según datos del CIS, un vuelco sobre el que algún día historiadores y politólogos se pronunciarán sin las ataduras de la cercanía temporal.
Lejos de pretender elucubrar aquí y ahora sobre teorías conspirativas, tan castigadas estos días por el celo vengador de los portavoces de la verdad oficial, se echa de menos una explicación racional y plausible sobre unos acontecimientos que en cualquier país de la dimensión del nuestro hubieran justificado investigaciones exhaustivas por parte de los diferentes poderes del Estado, especialmente de las Cortes Generales. No merecían menos las víctimas y sus familiares, por no hablar del derecho inalienable de los propios españoles a conocer lo ocurrido en su real dimensión. Aspiraciones tan altas quedaron aquí reducidas a un proceso judicial que, con sus virtudes y defectos, regurgitó esa “verdad oficial” cuyo relato está lejos de poder satisfacer a cualquier cabeza amueblada con cierta independencia de criterio.
Obviando pues el debate de la “conspiración” por respeto a las víctimas, sí parece claro que la década inaugurada por aquella tragedia se ha traducido en un notable retroceso para los españoles. En esos diez años, España ha soportado dos legislaturas gobernada por un partido, el PSOE, y un presidente, Rodríguez Zapatero, tan inesperadamente llegado, tan ligero de equipaje en la más amplia acepción del término, tan desprovisto de hoja de ruta, que pronto se demostró incapacitado para ordenar un país que disfrutaba de tasas de crecimiento económico significativas pero que, en lo político, reclamaba un profundo remozamiento estructural, en línea con las aspiraciones de una sociedad más formada y exigente. Sin embargo, ese crecimiento económico, que se alimentaba de la burbuja crediticia derivada de la implantación del euro, no mereció la atención del bisoño Zapatero, quien, por contra, se dedicó a experimentar con la estructura del Estado -acentuando el desbarajuste autonómico-, y las relaciones internacionales, sin olvidar su confusión sobre los derechos civiles y su frívolo tratamiento de la memoria histórica.
España por el camino de perdición
Por supuesto, nada de eso tenía que ver con la regeneración democrática que se venía demandando desde mediados de los años 90, ni con el rigor exigible para administrar los recursos de un Estado que pasaba entonces por ser la octava potencia económica del mundo. Dentro de tales comportamientos tampoco cabía, ni por asomo, buscar explicaciones a un hecho tan trágico como el 11-M que le había impulsado al poder. El estallido de la crisis financiera de 2007 ahondó los males políticos y económicos de España, algo que el propio Gobierno trató de ocultar con el expediente más tosco de los imaginables: negar la evidencia. Y fue así como el declive iniciado en 2004 se transformó en la caída por un barranco, llena de frustración y amargura, que ha sumido a la sociedad española en la incredulidad, primero, y en la desesperanza, después, proceso al final del cual se hallaba el descreimiento para con unos dirigentes públicos cuyo nivel de corrupción y malas artes ha terminado por arruinar la credibilidad de las instituciones democráticas.
Esa crisis española, a la que nos hemos referido en anteriores ocasiones, dejó al descubierto, cierto, a un Gobierno incapaz. No menos grave ha sido la constatación de que el primer partido de la oposición de entonces, el Partido Popular, que inicialmente contó con el beneficio de la duda de miles de españoles y el apoyo electoral de millones de ellos, se ha limitado en los dos años largos de Gobierno transcurridos a tratar los asuntos de España en el terreno estricto de los cuadres contables, ignorando, como sus predecesores, el verdadero calado de los problemas que tienen a España instalada en vía muerta, problemas que tienen que ver con una crisis política sin precedentes.
Tanto en términos políticos como económicos, la imagen de nuestro país, vista con la moviola, nos retrotrae hoy a la España de mediados de los años 90 -¿diez años perdidos o han sido veinte?-, con la diferencia de que el establishment actual no apunta el menor interés en promover los cambios que el país necesita para mejorar la calidad democrática e insuflar higiene en las instituciones y partidos políticos. Algo que explica muchas cosas, pero sobre todo una que, por lo que atañe a las víctimas, lamentamos muy especialmente en un día como hoy: que ni siquiera el Gobierno del PP, abruptamente desalojado del poder por los atentados, ha tenido ni tiene interés en buscar explicaciones a unos hechos que pusieron a España en un camino de perdición del que no sabemos cómo y cuándo saldremos.
