Cuando muchos notables militantes del PP vieron la lista de Cristina Ciufentes a la Comunidad de Madrid no entendieron qué hacía Álvaro Ballarín en el número siete. El actual concejal de Moncloa es conocido entre sus compañeros y rivales como ‘el corcho’, por su facilidad para sobrevivir, y siempre pensaron que era una bomba de relojería, que finalmente ha estallado y ha estado a punto de destrozar al partido antes de que Cifuentes lograra un acuerdo con Ciudadanos para gobernar Madrid, le dicen a este Buscón.
En el entorno de Cifuentes se considera a Ballarín un cadáver político. “Ballarín es un muerto político”, dijeron algunos de ellos en una reunión reciente y la candidata está indignada por la deslealtad de su amigo. Todos los populares afirman que el concejal de Moncloa era su apuesta personal, incluso para ser consejero de Cultura, y nadie duda que fue ella la que le metió en la lista en un puesto considerado un privilegio para cualquier político del Partido Popular, por lo que consideran que la deslealtad con su jefa le va a costar la carrera política, pues desde el primer día le van a apuntar como un apestado.
Nadie duda que fue Cifientes la que metió a Ballarín en la lista en un puesto considerado un privilegio para cualquier político del PP
De hecho, entre los diputados se cree que sería un alivio que no recogiera el acta para evitar fricciones en las primeras semanas de un posible pacto con Ciudadanos. El fiscal aún no ha dicho la última palabra en el asunto judicial y tampoco se comprende que unas personas que tienen un pleito desde hace muchos años lo retiren al conocerse en la prensa el conflicto. Entre los cercanos a Cifuentes se comenta que la candidata está indignada no por la imputación al concejal, sino por el hecho de que lo hubiera ocultado a la número uno de la lista. Creen que cualquier edil puede resultar imputado por alguna cuestión administrativa, pero la obligación es decirlo al partido cuando haya el más mínimo riesgo. “Sobre todo cuando era el propio Alvaro Ballarín el que estaba redactando el código ético”, afirman.
Ballarín ya había protagonizado algunos hechos grotescos durante su mandato en el Ayuntamiento. Hace algunos años hubo una votación en el grupo Popular entre los concejales del PP en la que a mano alzada había que definirse si se apoyaba al alcalde Ruiz-Gallardón o la presidenta Aguirre. Estuvieron todos los ediles, menos uno: Alvaro Ballarín, que se inventó un viaje para no definirse ante sus jefes. En una ocasión mandó a los guardias municipales a que pidieran al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, el permiso para tener colgada una bandera española en su balcón. Pero lo más grotesto de su actuación fue cuando nombró a Cintia Martínez coordinadora de la programación de invierno de la Junta de Distrito. Cintia fue portada de Intervíu hace algunos años. El concejal defendió a su colaboradora: "No es asesora, sino que hizo una colaboración puntual. Hizo un trabajo extraordinario, y la volvería a contratar mañana". En la Junta estos comentarios causaron estupor.
La última actuación de Ballarín tiene relación con el ‘caso Nicolás’. Ahora en el PP, que ya no se fían de su diputado electo, no saben qué tipo de documentación puede haber en el juzgado de la relación entre el joven y el actual concejal de Moncloa. En todo caso se anuncian novedades para los próximos días y en el Ayuntamiento hay cierta alarma. El caso Ballarín ha servido a los populares para recordar que la ley actual no les da la posibilidad de expulsar a un candidato que vaya en la lista y no se quiera ir tras un “incidente”. O lo que es lo mismo: rezan para que no se produzca ningún problema durante la legislatura que les deje en minoría. El PP tiene 48 diputados. Si corriera la lista por nombramientos en el puesto 53 está Jesús Gómez, exalcalde de Leganés, que fue expulsado de la candidatura por la propia Aguirre y que ha estado a punto de montar una lista alternativa en esa localidad madrileña. Los populares harán lo posible para evitar cualquier situación que lleve a Gómez al Parlamento regional.
