Que una multa por aparcamiento acabe en un juzgado no es habitual. Que el imputado por el hecho sea un mando policial, mucho menos. Sin embargo, es lo que acaba de ocurrir en A Coruña, donde el pasado jueves el inspector Antonio N.L., que ejerce de jefe provincial de la Unidad de la Policía Adscrita (UPA) a la Xunta de Galicia tuvo que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad gallega, Natalia Paz Domínguez, para aclarar su intervención en un oscuro y confuso caso de 'quítame allá esa multa' a golpe de certificados de 'acto de servicio'. Los hechos, según la abundante documentación judicial que ha llegado a manos de este curioso Buscón, se remontan a julio de 2013, cuando un policía de la misma unidad descubrió con desagrado que su vehículo particular había desaparecido del lugar donde lo había aparcado por culpa de la siempre temida grúa municipal.
Para recuperar el vehículo sin abonar la correspondiente multa, el agente se puso en contacto con su jefe, el inspector ahora imputado, y le solicitó un primer certificado en el que se asegurara que estaba de servicio y que si dejó el coche mal aparcado fue por las prisas para realizar la misión que tenía encomendada. También le pidió que diera fe de que aquel automóvil era propiedad del susodicho agente. Lo cierto es que finalmente consiguió ambos documentos-salvoconductos en papel oficial y firmados por el responsable policial de la Unidad. Con ellos en la mano, se dirigió al depósito y recuperó su vehículo sin tener que pagar nada.
Y ahí quedó la historia hasta que meses después representantes sindicales de los policías en aquellas tierras tuvieron noticia de lo sucedido porque alguien metió por debajo de la puerta de su sede copia de los comprometedores documentos. Ante su contenido, decidieron poner los hechos en conocimiento de la propia Dirección General de la Policía, que inició una investigación interna de la que, paradójicamente, fueron los sindicalistas los que salieron malparados. Por ello, terminaron acudiendo a la Justicia para presentar la correspondiente denuncia al considerar que la actuación de sus compañeros constituía un delito.
Desde entonces ya han pasado por el juzgado al menos dos agentes de la Policía Nacional que fueron testigos del suceso de la grúa y, sobre todo, de la gestación del polémico salvoconducto. Además, la juez ha dictado oficios a la Policía Local de A Coruña para que declarase el integrante de su plantilla que puso la multa y su responsable, otro para que se identifique al responsable del depósito municipal que estaba la tarde en la que el policía acudió a retirar su coche con el 'salvoconducto' y uno más para que se aporte a la causa toda la documentación que obrase en el Ayuntamiento sobre dicha sanción. Tras escuchar a los testigos, la magistrada decidió citar al mando policial como imputado para el pasado jueves.
Durante su comparecencia, el inspector bajo sospecha reconoció haber realizado dicha certificación de 'acto de servicio', aunque aseguró que creía que era "para unas alegaciones de tráfico", no para sacar 'gratis' un vehículo del depósito de la grúa. El mando, que a preguntas de su abogada llegó a afirmar que hace este tipo de salvoconductos hasta "para presentar en guarderías", achacó la denuncia y el posterior revuelo 'judicial' a supuestos problemas laborales con los sindicalistas denunciantes. Cualquier argumento es buena para salir del atolladero judicial en el que está metido por culpa de un 'quítame allá esa multa' de hace más de dos años.
