La banca y los fondos de inversión deberán ofrecer en Cataluña un alquiler social hasta siete años a quienes hayan ocupado ilegalmente una vivienda durante al menos seis meses y acrediten una situación de vulnerabilidad.
Este es parte del decreto aprobado por el gobierno de Torra este lunes, en vísperas de Nochebuena. Según ha afirmado la Generalitat, se trata de solucionar problemas graves ante la escasa oferta de viviendas públicas. La medida no se aplicará en ocupaciones de menos de seis meses a la entrada en vigor, previsiblemente el próximo 27 de diciembre.
Los grandes perjudicados son tanto las entidades financieras como los fondos de inversión ya que deberán solucionar también problemas asociados a los impagos de hipoteca o el alquiler antes de acudir a los tribunales. La medida eleva así en cuatro años los tres años de alquiler social obligatorio estipulados hasta ahora.
Además, quienes tengan 15 o más viviendas en propiedad, definidos ahora como grandes tenedores, tendrán ofrecer inquilinos vulnerables un alquiler social hasta cinco años.
La Generalitat de Torra podrá expropiar viviendas de los grandes propietarios si llevan vacías dos o más años. El precio a pagar será la mitad del valor del inmueble.
